Mientras se discuten leyes especiales para proteger a los periodistas frente a amenazas, agresiones y atentados derivados de su labor, un grupo clave para la seguridad y la justicia del país permanece desprotegido: policías, fiscales y jueces.
Estos funcionarios enfrentan riesgos directos y permanentes en el ejercicio de sus funciones: detenciones, investigaciones y resoluciones judiciales los colocan frente a criminales y organizaciones delictivas que no dudan en recurrir a la violencia. Sin un marco legal que contemple su protección, quedan expuestos, al igual que sus familias, a amenazas, lesiones e incluso la muerte.
Expertos señalan que la seguridad de estos funcionarios es esencial para garantizar la aplicación de la ley y el funcionamiento del Estado de derecho, y que su protección no puede depender de la discrecionalidad ni de medidas aisladas. Así como los periodistas merecen una ley especial por los riesgos que enfrentan al informar, los policías, fiscales y jueces también requieren una legislación que los ampare, reconociendo la peligrosidad inherente a su labor y asegurando garantías efectivas de seguridad y respaldo institucional.
La discusión plantea un principio básico: proteger a quienes defienden la ley no es un privilegio, sino una obligación del Estado para mantener la justicia y la seguridad ciudadana.
