Una grave denuncia penal sacude el escenario político tras la presentación formal de una causa ante el Ministerio Público contra la senadora Yolanda Paredes, por la presunta comisión de hechos punibles como evasión de impuestos, lesión de confianza y declaración falsa.
El expediente, identificado como causa N.º 4839/2026 y radicado en la Unidad Fiscal N.º 9 de Ciudad del Este, a cargo del fiscal Alcides Agustín Giménez Zorrilla, se originó a partir de una denuncia escrita presentada por el ciudadano Celso Miranda.
💰 Sospechosa operación por USD 160.000
De acuerdo con el relato, la legisladora habría participado en la supuesta venta irregular de un inmueble perteneciente a Itaipú Binacional, específicamente una vivienda social ubicada en el Área 1 de Ciudad del Este.
Según la denuncia, el inmueble —que formaría parte del patrimonio estatal— habría sido transferido por un monto aproximado de 160.000 dólares, pese a que este tipo de bienes sería inalienable sin cumplir procesos legales de desafectación, lo que no se habría realizado.
📑 Sospechas de ocultamiento patrimonial
Otro punto crítico de la denuncia apunta a que tanto el inmueble como el dinero obtenido de la operación no habrían sido incluidos en las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas ante la Contraloría General de la República, lo que podría configurar el delito de declaración falsa, además de evasión tributaria.
⚖️ Investigación en puerta
El denunciante solicitó la apertura de una investigación penal preparatoria, así como una serie de diligencias clave, entre ellas:
• Informes a Itaipú Binacional sobre la titularidad del inmueble.
• Requerimientos a la Contraloría General de la República sobre las declaraciones juradas.
• Informes de la Dirección General de los Registros Públicos.
La calificación jurídica es provisoria y podría ampliarse conforme avance la investigación fiscal.
🔎 Golpe a la credibilidad
El caso instala serias dudas sobre la transparencia patrimonial de la senadora y vuelve a encender el debate sobre el control real de bienes públicos y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de altas autoridades.
Mientras el Ministerio Público inicia las primeras diligencias, el silencio o la eventual respuesta de la legisladora será clave en un caso que ya genera fuerte repercusión política y mediática en el país.
