Las críticas contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, volvieron a instalarse en el debate político luego de que sectores oficialistas recordaran las acusaciones sobre sus presuntos vínculos con personas posteriormente condenadas por narcotráfico en Brasil.
Los cuestionamientos hacen referencia a la relación que Giuzzio mantuvo con los brasileños Vinicius Gritzbach y Lindomar Reges Furtado, quienes fueron investigados por las autoridades del vecino país por delitos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.
Desde el oficialismo sostienen que, pese a las denuncias que surgieron durante su gestión, la oposición cerró filas para impedir que prosperaran iniciativas de juicio político en su contra. Asimismo, recuerdan que durante ese período se impulsaron procesos de juicio político contra la entonces fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
Los detractores de Giuzzio afirman que incluso se utilizaron presentaciones y documentos para fundamentar pedidos de juicio político contra Quiñónez, mientras que, según esa versión, no se avanzó con la misma firmeza en las investigaciones relacionadas con el entonces ministro del Interior.
Las críticas también resurgen a raíz de la investigación que reveló que Giuzzio utilizó una camioneta perteneciente a Vinicius Gritzbach durante un viaje a Brasil, hecho que derivó en cuestionamientos públicos y en una causa que fue ampliamente debatida en la esfera política nacional.
El exsecretario de Estado siempre rechazó haber mantenido vínculos con actividades ilícitas y sostuvo que no tenía conocimiento de los antecedentes que posteriormente fueron atribuidos a Gritzbach. El caso continúa siendo utilizado como argumento de confrontación entre oficialismo y oposición, especialmente en el contexto de las disputas sobre la gestión de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
