“Yo por lo menos no tengo ningún vínculo con ninguna empresa que haya sido contratista del estado durante mi gobierno. Segurísimo, no van a encontrar nada ni arriba abajo ni nada, nunca”, declaró Mario Abdo Benítez, en una entrevista con Telefuturo, en agosto del 2022.
Reconoció ser fundador de la empresa Aldia, pero aclaró que se dedica a este rubro desde hace años.
Ante la consulta de si terminaría su administración con una mejor posición económica, respondió: “No sé si más rico ni más pobre, yo trabajo en el sector privado, soy accionista del sector privado hace mucho tiempo”.
En sus empresas Createc y Aldia, Mario Abdo Benítez destinó casi todas sus utilidades a las reservas operativas, donde, al no ser distribuidas ni tributar, no las incluyó en sus declaraciones juradas de bienes.
Esto fue lo que llamó la atención de la Contraloría General de la República: el crecimiento de la rentabilidad de sus negocios, que no se vio reflejado en su situación patrimonial.
Como una especie de premonición, hasta le consultaron si no se encontraría ninguna irregularidad en sus empresas. “Me buscaron desde el día uno, desde todos los temas me van a buscar, pero estoy con la conciencia absolutamente tranquila”, afirmó.
La derivación de las utilidades a reservas operativas no constituye una acción ilegal, siempre que al dinero se le dé los usos autorizados por la legislación tributaria. Sin embargo, DNIT no sabe qué pasó con los 45 millones de dólares, equivalentes a casi la totalidad de las utilidades de Createc y Aldia SA.
Cuando una empresa tiene utilidades acumuladas al cierre de su ejercicio fiscal, dispone de tres posibilidades. Una, distribuir esas utilidades. De ser así, corresponde el pago del 8 % de tasa si es una empresa asentada en el territorio nacional y 15 % si está en el extranjero,
La segunda opción es la capitalización de esas acciones. En este caso, la ley le da un plazo de 12 meses para esa ejecución que incluye: aumentar el capital social, emitir las acciones, hacer las inscripciones en la Dirección de Personas Jurídica, etc. Si en ese plazo no completa la capitalización y formalización, la DNIT considera que las utilidades fueron distribuidas y la empresa debe tributar.
La tercera opción, que es la que habrían utilizado las empresas de Abdo Benítez, es la de las reservas facultativas o legales. Las reservas operativas, donde se depositaron los 45 millones, se enmarcan dentro de las facultativas, donde la empresa puede: prever contingencias, compras de herramientas, insumos, situaciones de pérdida, etc.
Sin embargo, el permanente aumento del volumen destinado a “reservas operativas”, sin evidencia de las disminuciones que corresponden, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, según DNIT.
