La solicitud se fundamenta en los patrimonios e ingresos declarados por los agentes, además de un cuestionamiento al vínculo matrimonial de la defensora con un juez.
El abogado Mauro Barreto solicitó a la Justicia la cancelación de la personería de la defensora pública Sady Cantero, quien representa a tres policías procesados por homicidio doloso y tentativa de homicidio doloso. La petición abre un debate sobre el cumplimiento de los requisitos de carencia económica exigidos para acceder a la Defensa Pública.
Los agentes representados son el comisario Hugo Regis Florentín, el subcomisario Manuel Ramón Villalba Gómez y el suboficial Rubén Darío Giménez Maidana.
El principal cuestionamiento de Barreto se relaciona con la declaración jurada de bienes de Florentín, quien registra un patrimonio neto de G. 1.623 millones y no declara pasivos, según la documentación presentada ante la Contraloría General de la República.
El abogado sostiene que estos datos deben ser analizados a la luz de la Ley 4423/11, que regula la Defensa Pública y establece requisitos vinculados a la carencia de recursos económicos.
Barreto aclaró que no objeta la asistencia inicial brindada por la Defensa Pública a los policías, cuando todavía no habían designado abogados particulares. La controversia, según explicó, surgió posteriormente, cuando los tres agentes designaron a Cantero como defensora y el juzgado reconoció su personería.
Cuestionan ingresos de los agentes
El pedido también menciona los ingresos y bienes declarados por los otros dos policías. Villalba Gómez registra un salario mensual de G. 7.022.954, mientras que Giménez Maidana declara ingresos de G. 7.478.955 mensuales y bienes muebles por G. 30.150.000.
El abogado considera que estos datos deben ser evaluados para determinar si los agentes cumplen las condiciones legales para recibir asistencia de la Defensa Pública.
Vínculo de la defensora con un juez
Otro aspecto planteado por Barreto es el vínculo matrimonial de Sady Cantero con el juez Amílcar Marecos. El abogado sostiene que esta relación podría generar cuestionamientos sobre la independencia y las condiciones en que se desarrolla el proceso.
El pedido deberá ser analizado por la Justicia, que tendrá que determinar si corresponde mantener la representación de la defensora pública y si se cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente.
