Los cuatro agentes de la subcomisaría 46 del barrio San Juan, liderados por el comisario principal Teodoro Benítez, devolvieron 2 millones de guaraníes al ingeniero agrónomo Fernando Nicolás Britos Román, quien optó por no denunciarlos ante el Ministerio Público. A pesar de que el director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Feliciano Martínez, fue informado sobre los hechos de extorsión y la golpiza sufrida por Britos, no ha tomado medidas disciplinarias contra los policías involucrados, quienes permanecen en sus cargos.
El incidente tuvo lugar en la madrugada del jueves pasado, cuando Britos y su amigo Diego Lezcano fueron detenidos supuestamente sin motivo en la estación de servicios «Puma», en el km 9 de la avenida San Blas. La detención se produjo a las 00:25 horas, y ambos fueron liberados alrededor de las 03:30, tras pagar 2 millones de guaraníes, de los 6 millones que inicialmente exigieron los policías.
Según fuentes, tras la difusión de los hechos por parte de Frontera Noticias, los agentes de policía contactaron a Britos para devolverle el dinero, intentando evitar que denunciara el incidente a la Fiscalía. Britos había manifestado su intención de radicar la denuncia, pero no se presentó a hacerlo.
A pesar de la gravedad del caso y de que los agentes reconocieron la devolución del dinero, Martínez no ha tomado ninguna medida enérgica contra los suboficiales ni contra Benítez, a pesar de que este último tiene antecedentes de conductas similares entre sus subordinados. Las denuncias contra la subcomisaría 46 incluyen extorsiones y el presunto encubrimiento de delitos, como el robo de objetos de un vehículo involucrado en un accidente.
Britos relató en entrevistas anteriores que, al llegar a la gasolinera, fue abordado por los policías, quienes lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas con una picana. Además, su amigo Lezcano fue intimidado y obligado a borrar grabaciones del abuso policial. Ambos fueron forzados a firmar un acta declarando que habían eludido un control policial.
A pesar de haber obtenido un video del circuito cerrado que documenta el abuso, los afectados enfrentan la incertidumbre sobre la respuesta institucional ante una denuncia tan grave. La falta de acción por parte de las autoridades pone en tela de juicio la integridad de las fuerzas policiales en la región.
F: Informando Alto Parana
