Alta condena de Papo Morales también es un mensaje para chicaneros

Durante todo el juicio, Gregorio Papo Morales recurrió a una lluvia de chicanas, que le valieron multas y hasta incidieron en una alta condena de 32 años por homicidio. La Fiscalía considera que es un mensaje para los litigantes que abusan de herramientas para obstruir el proceso. El fiscal Hernán Galeano fue recusado en ocho ocasiones por la defensa de Gregorio Papo Morales. También se recurrió a la misma herramienta contra el Juzgado Penal de Garantías y se intentó sin éxito aplicar al Tribunal de Sentencia.
“Hubo muchísimas trabas, muchísimos intentos de entorpecer el juicio a lo largo de todo el proceso, inclusive al inicio de la investigación, en la etapa intermedia, con suspensiones en 20 oportunidades, todo por la conducta obstruccionista del acusado Gregorio Morales, posteriormente también por la acusada Cynthia Ojeda Burgos, quien recusó a esta representación fiscal”, relató el investigador en Chaco Boreal 1330 AM.
En ese sentido, el fiscal recordó que durante el proceso el Tribunal de Apelaciones lo declaró litigante de mala fe por ejercicio abusivo del derecho y además tuvo que pagar multas en dos ocasiones. Al respecto Galeano habló de la importancia del ejercicio de la defensa y de las herramientas disponibles para el efecto, pero advirtió que deben ser utilizadas para los fines con que fueron creadas y no con el objetivo de obstruir los procesos.
“Su actitud durante el proceso se tiene en cuenta y yo solicité una alta ponderación también en ese sentido y, finalmente, eso también fue tenido en cuenta a la hora de dictar los 27 años de prisión para el acusado”, celebró el fiscal sobre la pena que dictó el Tribunal de Sentencia, más los cinco años de medida de seguridad.
En total deberá cumplir una pena de 32 años por el homicidio de Robert Fabián Marín, ocurrido el 23 de noviembre de 2020 en el barrio San Pablo de Asunción. Recién el 28 de diciembre se dicta la sentencia definitiva en forma escrita con todos los fundamentos del Tribunal y a partir de allí aún se puede apelar la decisión.
Para Cyntia Ojeda, condenada a 12 años de cárcel, Galeano pidió la inmediata revocación del arresto domiciliario y fue derivada al Buen Pastor. Ella también había imitado las múltiples recusaciones que presentó Morales. “Es un mensaje para los litigantes de mala fe con un uso abusivo del derecho, en un estado de derecho imperan las leyes y no la voluntad de las personas. Todo tiene un límite, no debe usarse para entorpecer el proceso. Fue bastante desgastante tanto para los familiares como para los operadores de justicia”, insistió el fiscal sobre el desenlace de este caso.
La voluntad de los magistrados Federico Rojas, Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza por seguir el proceso hizo que trabajaran fuera de horario y aguantaran incertidumbres sobre nuevas chicanas en cada sesión. Para evitar someterse a la Justicia, Papo Morales alegó ser cocainómano y padecer de Parkinson. Sin embargo, los dos siquiatras y un sicólogo forense que lo atendieron declararon durante el juicio que el acusado es consumidor desde el 2011, ya maneja su dosis y que su cuerpo tiene tolerancia. Es decir, al momento del asesinato estaba en pleno uso de sus capacidades mentales, a pesar de tener cocaína en la sangre. Se estudió todo su comportamiento antes, durante y después del asesinato, ya que pudo relatar perfectamente lo que hizo el día anterior y los testigos aseguran que podía hablar bien cuando abordó a la víctima. Además pudo conducir con destreza su camioneta para huir del lugar del crimen.