ASUNCIÓN. La situación financiera de la Caja Fiscal se consolida como uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas del Paraguay. Al cierre del año 2025, el sistema previsional estatal registró un déficit de USD 380 millones, reflejando profundos desequilibrios estructurales que, de no ser corregidos, podrían agravarse significativamente en los próximos años.
De acuerdo con los datos oficiales, USD 210 millones del desbalance corresponden al régimen no civil, que incluye a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este déficit es cubierto en su totalidad con recursos generales del Tesoro, es decir, con impuestos aportados por los contribuyentes, lo que incrementa la presión sobre el presupuesto nacional.
El déficit restante, estimado en USD 170 millones, pertenece al programa civil, que abarca a funcionarios de la administración pública, magistrados judiciales, el magisterio nacional y docentes universitarios. En este caso, el desbalance aún se financia mediante excedentes acumulados de sectores históricamente superavitarios, aunque este mecanismo tiene un horizonte limitado.
La gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Liz Coronel, advirtió que las proyecciones oficiales indican que estos excedentes podrían agotarse alrededor del año 2028. A partir de ese momento, la totalidad del déficit de la Caja Fiscal —que además sería mayor debido al crecimiento del número de jubilados— debería ser cubierta directamente por el Estado, profundizando el impacto fiscal.
Entre los factores que más inciden en el deterioro financiero del sistema se encuentra el régimen de jubilaciones tempranas vigente en varios sectores. En numerosos casos no existe una edad mínima efectiva para el retiro, lo que habilita jubilaciones a edades muy bajas y genera un mayor gasto acumulado a lo largo del tiempo.
En el sector docente, por ejemplo, el 71 % de los nuevos jubilados se retiró con menos de 55 años, registrándose incluso casos de personas que accedieron al beneficio con 40 o 41 años de edad. Esta situación incrementa de manera significativa la cantidad de años durante los cuales el Estado debe abonar jubilaciones.
Una tendencia similar se observa en las fuerzas públicas. En la Policía Nacional, el 71 % de los jubilados se retira antes de los 55 años, mientras que en las Fuerzas Armadas ese porcentaje asciende al 78 %, con casos de retiro que se producen incluso desde los 35 años, profundizando el desequilibrio financiero del sistema previsional estatal.
