A más de cuatro años de un brutal atentado con arma de fuego ocurrido el 30 de abril de 2021 en el barrio Las Mercedes de Presidente Franco, el caso llega recién a juicio oral y público, pero bajo una carátula sorprendentemente alterada: lo que originalmente fue una tentativa de homicidio doloso fue modificado por la fiscal Liliana Denice Duarte a lesión grave, reduciendo drásticamente la expectativa de pena para el presunto autor, Diego Portillo.
La maniobra fiscal ha generado indignación entre los familiares de las víctimas y sectores judiciales, que consideran el cambio una “vergüenza institucional” y un caso más de corrupción fiscal al servicio del poder económico. Fuentes del entorno de la víctima aseguran que la representante del Ministerio Público habría recibido una jugosa coima para degradar la imputación y así beneficiar al agresor, quien desde el inicio habría sobornado a fiscales y jueces para evitar una condena ejemplar.
De acuerdo con el informe policial remitido a la Fiscalía Zonal de Presidente Franco, el hecho ocurrió el 30 de abril de 2021, a las 23:45 horas, en el barrio Las Mercedes. Las víctimas fueron Jorge Ariel Escobar Pintos, de 38 años, quien recibió dos disparos en ambos muslos, y Marcelino Julián Vera Medina, de 61, quien recibió un disparo en la pierna derecha. Ambos fueron auxiliados por vecinos y trasladados de urgencia al Hospital de Trauma de Ciudad del Este y al Hospital Distrital de Franco, respectivamente.
El presunto autor, Diego Portillo, fue señalado por testigos como el responsable directo de los disparos. Según la declaración de Lorenzo Bareiro González, testigo del hecho, “en un momento dado se produjo una discusión, y Portillo desenfundó su arma de fuego, efectuando varios disparos contra la humanidad de los presentes”. Luego del ataque, el agresor huyó del lugar y desde entonces ha evitado responder ante la justicia.
VÍCTIMA MUTILADA Y
OLVIDADA POR LA JUSTICIA
El principal afectado, Jorge Escobar, perdió la pierna izquierda como consecuencia de las heridas, lo que le provocó una incapacidad permanente. Escobar, padre de varios niños pequeños y de escasos recursos, atraviesa hoy una situación desesperante, agravada por problemas de salud derivados del trauma físico y emocional. Recientemente sufrió un infarto y debió someterse a un cateterismo, producto de los años de desgaste y estrés provocados por un proceso judicial lento, viciado y manipulado.
Mientras tanto, el agresor continúa libre, amparado por la impunidad y la aparente complicidad fiscal y judicial. “Es una burla para las víctimas que un intento de homicidio con arma de fuego se procese como simple lesión. No es un machetazo, no es una pelea callejera: fue una pistola, dos balazos y una pierna amputada”, reclamó un allegado a la familia Escobar.
La actuación de la fiscal Liliana Denice Duarte se encuentra bajo fuertes sospechas. Fuentes cercanas al caso aseguran que la funcionaria cambió deliberadamente la tipificación penal tras recibir presiones y dinero del entorno del acusado. Este cambio, de tentativa de homicidio doloso a lesión grave, redujo la pena potencial de más de 10 años de prisión a un máximo de 3, allanando el camino a una posible absolución o suspensión condicional de la pena.
A lo largo de estos cuatro años, el expediente del caso sufrió dilaciones inexplicables, cambios de juzgados, recusaciones y maniobras dilatorias que solo beneficiaron a la defensa. La víctima, sin recursos para sostener una representación legal sólida, fue dejada prácticamente sola ante un sistema que protege a los poderosos y castiga a los humildes. Actualmente, el fiscal del caso es Edgar Delgado. El magistrado presidente del Tribunal Colegio encargado de impartir justicia es Fabio Aguilar.
El juicio oral y público en curso pretende esclarecer los hechos, pero ya nace viciado por la irregularidad de la acusación. La defensa de la víctima insiste en que el caso debe ser recalificado como tentativa de homicidio doloso, atendiendo la gravedad del ataque, el tipo de arma utilizada y las consecuencias permanentes para Escobar.
El caso Escobar vs. Portillo se ha convertido en un símbolo del colapso moral del sistema judicial paraguayo. Muestra con crudeza cómo la corrupción, los sobornos y las influencias políticas socavan el principio de justicia y dejan a las víctimas sin reparación ni dignidad. La fiscal Liliana Denice Duarte, lejos de cumplir con su deber constitucional, habría actuado como abogada de la impunidad, torciendo la ley a cambio de dinero. Mientras tanto, Jorge Escobar sigue esperando justicia —una justicia que, cuatro años después, parece más ciega ante los pobres que ante los corruptos.
