Un violento episodio se registró durante una inspección a la polémica obra conocida como el “Baño de Oro”, construida dentro del edificio de la Junta Municipal de Ciudad del Este por un monto superior a los G. 162 millones. Un miembro de la Contraloría Ciudadana fue agredido por Máximo Ramón Sosa, chofer de la concejal Valeria Romero, durante la verificación del lugar.
El agresor, quien posee antecedentes penales, habría intentado impedir el trabajo de fiscalización de los interventores de la Municipalidad, quienes acudieron al sitio como parte del proceso de auditoría ciudadana. La víctima de la agresión fue identificada como uno de los representantes del equipo ciudadano que colabora con la intervención, cuyo objetivo es esclarecer presuntas irregularidades en la ejecución de obras municipales.
La construcción del sanitario, adjudicada a la firma SERVMAQ, propiedad de Fredy Guzmán Martínez Báez —empresa ya señalada en otras contrataciones bajo sospecha de sobrefacturación— ha despertado fuertes críticas por su elevado costo, especialmente al no evidenciarse acabados de lujo acordes con la inversión. «El baño más caro del país está en Ciudad del Este… y no tiene ni jacuzzi», ironizó un concejal opositor.
La concejal Valeria Romero, jefa directa del agresor, es considerada una figura cercana al intendente Miguel Prieto, cuya gestión se encuentra bajo creciente presión por denuncias de despilfarro y presunto blindaje político.
Desde la oposición se exige una auditoría urgente de la obra, así como sanciones ejemplares contra los responsables tanto de la cuestionada contratación como del acto de violencia que se presume fue un intento de entorpecer el trabajo de control ciudadano.
Este nuevo episodio suma una señal de alerta sobre el manejo de fondos públicos en la administración municipal y refuerza las sospechas de un esquema de encubrimiento que, según denunciantes, recurre incluso a la intimidación física para silenciar cuestionamientos.
