Esta resolución confirma de este modo lo resuelto en su momento por la jueza penal de garantías, Cinthia Garcete, debido a múltiples falencias en el trabajo fiscal, que no pudo presentar de manera seria y responsable los supuestos hechos punibles de los que acusó a la ex jefa comunal, a su marido el actual senador Javier Zacarías Irún, al ex intendente interino Alberto Rodríguez, además de funcionarios de la institución.
En ese sentido, tanto Zacarías Irún como Rodríguez ya habían sido sobreseídos en forma definitiva, mientras que el resto de los procesados quedaba simplemente a la espera de que la fiscalía presente sus últimas diligencias correspondientes al ejercicio fiscal del año 2.018, pues en los años 2.013 al 2.017, todos los procesados ya habían sido sobreseídos, quedando apenas el análisis de este último año de gestión en base a la contraloría y al tribunal de cuentas.
Tanto el actual senador como la ex intendenta, denunciaron en su momento que el proceso judicial iniciado en su contra fue parte de una trama montada con el objetivo de aniquilarlos políticamente, iniciándose primeramente con el despojo de la municipalidad de Ciudad del Este, el principal bastión de dicho equipo político por varios años.
Incluso durante este proceso, se denunciaron diversas irregularidades cometidas por los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo, irregularidades que fueron incluso expuestas en la audiencia preliminar del caso. Fernández incluso habría sido premiado en su momento con el cargo de ministro Anti Corrupción por haber imputado Javier Zacarías Irún, en carácter de “instigador” en la presente causa.
