La Contraloría General de la República (CGR) informó la detección de un daño patrimonial estimado en G. 1,4 billones, equivalente a unos USD 208 millones, producto de indicios de hechos punibles identificados durante la administración del expresidente Mario Abdo Benítez. Los datos forman parte del informe correspondiente al periodo enero de 2024 a junio de 2025, presentado recientemente por el órgano contralor.
De acuerdo con el cuadro detallado de la CGR, uno de los casos más graves corresponde a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), donde se estima un perjuicio de G. 1.172.828 millones. Esta situación derivó en una denuncia ante el Ministerio Público por la quiebra de la empresa estatal, figurando como responsable Sante Vallese, según el informe.
Otro caso relevante afecta a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), con un daño patrimonial calculado en G. 47.092 millones, detectado durante la gestión de Félix Kanazawa, cuya actuación también fue denunciada ante la Fiscalía.
El documento oficial señala además que USD 167 millones del perjuicio total estarían vinculados a la gestión del entonces ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, posicionando a esa cartera como una de las áreas con mayor impacto económico negativo para el Estado.
La nómina incluye igualmente al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), con un indicio de hecho punible por G. 16.563 millones, correspondiente al periodo 2023, bajo la administración de Pablo Santacruz. A su vez, la Caja Municipal registra un daño cercano a G. 11.999 millones, durante la gestión de Bernabé Peralta, caso que también fue remitido al Ministerio Público.
La CGR precisó que los informes fueron elevados a la Fiscalía en distintos estados procesales, incluyendo investigaciones abiertas, remisiones formales y expedientes aún en análisis, lo que podría derivar en procesos penales contra exautoridades y responsables de las instituciones auditadas.
Desde la Contraloría subrayaron que estos hallazgos se enmarcan en las tareas de control y fiscalización del uso de los recursos públicos, y enfatizaron la importancia de que los casos avancen en el ámbito judicial para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.
