La reciente implementación de la Ley 7447/2025, que establece tarifas para el pago del impuesto de patente a los rodados, ha desatado un intenso debate sobre su constitucionalidad y su impacto en los ciudadanos. Muchos expertos y ciudadanos han señalado que esta normativa beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría de los automovilistas, quienes se ven obligados a pagar tasas más altas por vehículos de menor antigüedad en comparación con aquellos de modelos más recientes, manifestó el conocido abogado y ex juez Isidro “Cacho” González a la RT 98.1Fm.
Se plantea la pregunta: ¿cómo es posible que una ley diseñada para regular tarifas de patente penalice a la clase trabajadora y se convierta en un privilegio para unos pocos? La ley, que debería proteger el interés general, parece olvidar a los ciudadanos que dependen de su automóvil para llevar a cabo su vida cotidiana y cumplir con sus responsabilidades laborales y familiares.
Además, el tema de la autonomía municipal se convierte en un punto de discordia. La legislación parece socavar la capacidad de los municipios para tomar decisiones informadas que reflejen las necesidades y características de sus comunidades. Es fundamental que los gobiernos locales tengan la prerrogativa de establecer sus propias políticas fiscales, siempre en beneficio de sus habitantes.
Ante esta situación, se argumenta que los municipios deberían apelar a la Corte para solicitar una aclaración sobre la constitucionalidad de la ley. Algo no está bien y requiere una corrección inmediata. La Ley 7447/2025, tal como está concebida, no solo plantea serias dudas legales, sino que también crea una carga injusta para la población en general, particularmente para aquellos que menos tienen. Es imperativo que se aborden estas inquietudes y se busquen reformas que equilibren el sistema de impuestos de manera justa y equitativa para todos.