El Ministerio Público ha intensificado sus procedimientos contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, luego de que este denunciara ante la Fiscalía General del Estado ser víctima de una persecución judicial y lo que calificó como «terrorismo de Estado» por parte de las autoridades judiciales.
Prieto, quien solicitó una auditoría de todos los expedientes en su contra, enfrenta ahora un refuerzo en las investigaciones fiscales, lo que ha generado sospechas de una posible represalia política.
El pasado martes, los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero, viajaron desde Asunción hasta Ciudad del Este para realizar verificaciones en 27 obras ejecutadas por la municipalidad. Según la fiscal Marlene González, estas inspecciones corresponden a cuatro carpetas de investigación dentro de la causa Nº 11.064/2024, que incluyen la construcción de empedrados y pozos artesianos.
Por su parte, la abogada Gilda Portillo, defensora de las autoridades municipales, denunció que los fiscales no notificaron previamente sobre estas intervenciones, lo que ha dificultado el acompañamiento de la defensa. «Nos enteramos de los procedimientos a través de la prensa», señaló, agregando que la comitiva fiscal tampoco brinda información suficiente para el seguimiento adecuado del peritaje.
La investigación en curso involucra la Transferencia de Fondos de Capital a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, administrados entre los ejercicios fiscales 2019 y mayo de 2023.
Las actuaciones de la Fiscalía continúan generando controversia, mientras el intendente Miguel Prieto insiste en que estas acciones forman parte de una maniobra política en su contra.
