El Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta una crisis institucional agravada por la escasez de insumos médicos, la renuncia de profesionales clave y el abandono de hospitales, según denuncias de trabajadores y pacientes. El caso más emblemático es la dimisión de la Dra. Shirley Rojas, quien hace 17 días dejó la dirección del Hospital de Hernandarias por falta de apoyo institucional, dejando el centro sin liderazgo y a los pacientes en el limbo.
La situación se replica en Ciudad del Este, donde médicos han renunciado ante la falta de recursos básicos y equipos. Además, la ausencia de ambulancias de Terapia Intensiva (UTI) dificulta traslados urgentes, poniendo en riesgo vidas. «No hay reactivos para laboratorio, faltan medicamentos, y las licitaciones se priorizan sobre las necesidades reales», denunció un trabajador del IPS bajo anonimato.
Críticas severas apuntan a la gestión del IPS, acusada de enfocarse en licitaciones cuestionables en lugar de solucionar emergencias sanitarias. Ejemplo de ello es la reciente adquisición de equipos sin mantenimiento garantizado, mientras hospitales como el de Hernandarias operan con equipos obsoletos. «Es un desprecio a los asegurados. Las autoridades están fallando en su deber de garantizar salud digna», afirmó Juan Ramírez, dirigente del Sindicato de Médicos del IPS.
La renuncia de Rojas, con 20 años de servicio, simboliza el desgaste del personal ante la falta de respaldo. «Me fui porque no había condiciones ni voluntad para mejorar. Los pacientes merecen más», declaró la exdirectora a medios locales. Mientras, el hospital sigue sin reemplazo, y los casos complejos son derivados a otras ciudades, saturando el sistema.
El IPS, principal ente de salud pública para trabajadores formales, acumula reclamos por atención deficiente, demoras en cirugías y corrupción en compras. Ante la presión, la institución emitió un comunicado prometiendo «mejoras progresivas», pero sin plazos concretos. Legisladores exigen una auditoría urgente y la intervención del Ministerio de Salud para evitar el colapso.
Esta crisis no solo evidencia la descoordinación institucional, sino que profundiza la desconfianza en un sistema vital para millones de paraguayos. Mientras, pacientes y trabajadores claman por soluciones inmediatas antes de que más vidas paguen el precio de la negligencia.
