La salud pública en el Alto Paraná atraviesa una de sus peores crisis, con hospitales colapsados, pacientes desatendidos y muertes evitables que podrían haberse prevenido con una estructura adecuada, profesionales comprometidos y una gestión seria. Sin embargo, lo que reina es el abandono, la desidia y la utilización política de un sistema que clama por reformas urgentes.
Durante años, autoridades locales y nacionales han prometido —especialmente en tiempos de campaña— la construcción de un Gran Hospital Nacional en Ciudad del Este, propuesta que quedó en palabras vacías ante la falta total de gestión y voluntad política. El resultado: un departamento con más de un millón de habitantes dependiendo de una red hospitalaria precaria, sin insumos, sin equipos, y muchas veces sin médicos disponibles.
La reciente fusión entre el IPS y el Ministerio de Salud en Ciudad del Este, lejos de ser una solución estructural, fue catalogada por médicos como “una forma de apagar incendios trabajando en casa ajena”. En vez de fortalecer el sistema, la improvisación reina y el problema de fondo sigue intacto.
A esto se suman casos desgarradores. La reciente muerte de un bebé en el Hospital Distrital de Presidente Franco pudo haberse evitado si los profesionales hubieran actuado con responsabilidad, o si la dirección del hospital hubiese convocado a un especialista a tiempo. No fue así.
Otro caso, igualmente indignante, ocurrió cuando un niño falleció camino a un sanatorio privado de Santa Rita en una ambulancia UTI, tras demoras injustificadas. La investigación posterior destapó un esquema irregular donde el traslado de pacientes por orden judicial hacia clínicas privadas era orquestado en complicidad con funcionarios de SEME, convirtiendo el dolor de las familias en negocio.
Pese a las denuncias, sumarios abiertos y promesas de sanciones, todo sigue en la nada. No hay cambios profundos, ni responsables identificados ni mucho menos soluciones sostenibles.
En IPS, la situación no es mejor. La institución en Ciudad del Este está actualmente envuelta en una fuerte politización, denunciada por propios funcionarios. La directora Rocío Martínez ha sido cuestionada por el nombramiento del médico Darío Villalba —de filiación izquierdista— en reemplazo de una profesional de tendencia colorada, evidenciando que el criterio político pesa más que la idoneidad profesional.
En el Ministerio de Salud, el panorama es igualmente sombrío. Las designaciones se realizan por afinidades personales y políticas, dejando de lado la experiencia técnica, lo que contribuye al colapso del sistema. De ahí que la renuncia de la Dra. Marta Sosa no debe ser la única sino debe ser extensivo al Dr Aristides Cañete de TESAI y Noelia Torres Directora de la X región Sanitaria.
La ciudadanía del Este del país está cansada. Exige un cambio real, urgente y profundo en ambas instituciones, para que el derecho a la salud no dependa de una rosca política ni de la suerte, sino de un sistema eficiente, transparente y al servicio del pueblo.
La salud en Alto Paraná ya no puede esperar.
