Crisis y reforma en la Penitenciaría de Ciudad del Este: el desafío de la reinserción social
El director de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, licenciado Benjamín Ozuna, abordó en una entrevista exclusiva la reciente crisis que afecta al centro penitenciario, reconociendo fallas en el sistema, detallando medidas correctivas y destacando los avances en los programas de reinserción social.
Un golpe duro para el sistema penitenciario
Ozuna calificó el incidente de tráfico de drogas dentro del penal como «un golpe duro para la institución y el Ministerio de Justicia», ya que el centro busca implementar un modelo basado en la rehabilitación y la seguridad.
«Es una situación muy dolorosa y preocupante. Durante el proceso de selección del personal, se realizan exámenes psicológicos, toxicológicos y de antecedentes para evitar este tipo de casos. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que alguien pueda eludir estos controles», explicó el director.
Según Ozuna, en el pasado se han descalificado candidatos durante la capacitación por pruebas toxicológicas positivas. «En una ocasión, seis personas fueron removidas del proceso de formación por este motivo», detalló.
Medidas para fortalecer la seguridad
Ante la gravedad del caso, el director anunció la implementación de revisiones aleatorias más frecuentes para el personal y los visitantes. Además, se revisarán los protocolos de selección para prevenir la infiltración de individuos con conductas inapropiadas.
Otro eje de trabajo será la concientización del personal sobre el consumo de drogas y otras prácticas que puedan comprometer la seguridad del penal. «No solo se trata de detectar a quienes infringen las normas, sino también de educar y apoyar a nuestro equipo para que no caigan en estas prácticas», agregó Ozuna.
Reinserción social: un pilar en medio de la crisis
A pesar del revés, el director destacó los avances en los programas de capacitación laboral para las personas privadas de libertad. En el penal se imparten talleres de cocina, confitería, manualidades, tintorería y fabricación de productos de limpieza.
«Hay un entusiasmo contagioso entre los internos. Están aprendiendo oficios que les permitirán reintegrarse a la sociedad de manera productiva», afirmó Ozuna.
Actualmente, más de 60 internos han sido capacitados como cocineros, algunos incluso obteniendo certificaciones como chefs. Además, 220 reclusos participan en programas educativos que les permiten reducir su condena mediante el buen comportamiento y el aprendizaje.
Impacto positivo en la economía del penal
Los productos fabricados por los internos, como muebles, zapatillas, jabones líquidos y artesanías, se venden a visitantes y comercios locales. Esto no solo genera ingresos para el penal, sino que también eleva la autoestima de los reclusos.
«Queremos que la sociedad vea el esfuerzo y la dedicación de estas personas. Muchos están aprovechando su tiempo para cambiar sus vidas», expresó Ozuna.
Además, se evalúa la posibilidad de utilizar redes sociales para comercializar los productos elaborados en el penal y así ampliar el alcance de los emprendimientos de los internos.
Coordinación interinstitucional para evitar nuevos errores
Ozuna reconoció que hubo fallas en la comunicación entre los organismos intervinientes, pero aseguró que se están tomando medidas correctivas.
«Estamos trabajando intensamente con el Ministerio de Justicia, la Policía y el Registro Civil para resolver estos casos y garantizar que los internos cuenten con la documentación necesaria», explicó. También mencionó que se han establecido reuniones periódicas con jueces, fiscales y defensores públicos para prevenir la repetición de situaciones similares.
Un llamado a la sociedad
El director hizo un llamado a la comunidad para que apoye los esfuerzos de reinserción. «Necesitamos que la sociedad confíe en nuestro trabajo y en la capacidad de cambio de las personas privadas de libertad. Solo así podremos lograr una verdadera reinserción social», concluyó Ozuna.
