La suspensión de la audiencia preliminar del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, generó fuertes cuestionamientos, luego de que la defensa de la procesada Cirle Alcaraz Ramírez recusara al juez Humberto Otazú, lo que postergó nuevamente el avance del caso.
Sectores críticos señalan que esta medida responde a una estrategia dilatoria para evitar que se inicie el juicio por el supuesto esquema de corrupción en la compra directa de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia del COVID-19, operación que habría ocasionado un perjuicio de G. 2.130 millones al Estado.
La ciudadanía reclama que el proceso avance con transparencia y sin privilegios, advirtiendo que las constantes chicanas ponen en duda el compromiso de la Justicia para esclarecer un hecho que involucra a Prieto y a más de diez exfuncionarios municipales acusados de lesión de confianza y asociación criminal.
