febrero 28, 2024

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Cuestionada jueza convoca a audiencia en causa donde benefició a policías gatillo fácil

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La cuestionada jueza penal de garantías, Cinthia Garcete, continúa aferrada como “garrapata” a la causa de los 11 policías “gatillo fácil” que ejecutaron a balazos a una pareja en noviembre del año pasado en Ciudad del Este. La misma convocó, una vez más, a audiencia preliminar para hoy, 13 de diciembre, pese a haber sido formalmente recusada por los abogados de la pareja asesinada por los agentes policiales, luego de sus desastrosas actuaciones, favoreciendo siempre a los encausados, quienes hoy gozan todos de libertad, pese a la gravedad del hecho.

La impresentable jueza Cinthia Garcete, quien cuenta con el férreo respaldo de sus “amigos” en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sigue aferrada y manejando como si nada la causa de los 11 policías “gatillo fácil”, que en noviembre del 2022 ejecutaron a balazos a una pareja, en el marco de un fallido operativo. Ahora, la polémica magistrada convocó a audiencia preliminar para este 13 de diciembre, siendo el principal temor de familiares de las víctimas que se trata de un paso más hacia el blanqueo definitivo de los acusados, que sería el objetivo final de la cuestionada jueza, quien ya posee diversos antecedentes por blanquear a polibandis, narcos y políticos corruptos.

Recordemos que el abogado Mauro Barreto, representante de la querella, había recusado a Cinthia Garcete, solicitando que la misma se inhiba de seguir entendiendo en el proceso, en razón de sobrevenir causal de inhibición prevista en el Art. 50 numeral 12) y 13) “Tener enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos conocidos; y cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia”.

En fecha 28 de julio del año 2023, se ha presentado denuncia contra Cinthia Garcete por mal desempeño de sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. También se presentó denuncia contra la misma ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño en sus funciones en fecha 31 de julio del 2023. Por último, se ha presentado denuncia penal por cohecho pasivo agravado ante el fiscal adjunto y que fuera remitido a la unidad especializada anticorrupción de Asunción del Ministerio Público.

Para el abogado Barreto, “el hecho de no inhibirse, constituye mal desempeño de sus funciones, establecido taxativamente en la Ley de enjuiciamiento de magistrados, donde se señala que al negarse a la inhibición, habiendo causal que le obliga, es causal de enjuiciamiento e incluso su proceder y actuaciones en esta causa, raya el hecho punible de prevaricato”.

DENUNCIADA POR MILLONARIA COIMA

Por la polémica decisión de otorgar arresto domiciliario a los policías acusados de cometer el doble homicidio, la jueza Cinthia Garcete y el fiscal Alcides Giménez fueron denunciados por cohecho pasivo agravado; supuestamente recibieron G. 150 millones cada uno para otorgarles arresto domiciliario a los 11 agentes procesados por homicidio doloso. La denuncia fue presentada por Mario Espínola Rojas, de la localidad de Puerto Irala y pariente de una de las víctimas fatales.

La jueza procedió a cambiar la carátula, en contubernio con agentes fiscales, aplicando así la suspensión condicional del procedimiento en abierta violación del artículo 21 del Código Penal. Por esto y el presunto cobro de coima, fue denunciada ante el Jurado y también ante la Corte Suprema, como autora de la tipificación penal de cohecho pasivo agravado.

ANTECEDENTES DEL CASO

La causa se inició el día 19 de noviembre del año pasado, cuando los agentes policiales se encontraban tras un sospechoso buscado por la Justicia argentina, por lo que instalaron un punto de control en el km 12 Acaray de Ciudad del Este, a unos 6.500 metros de la Ruta PY02.

Las víctimas, Álex Enrique Alejandro Ortiz (24), y su acompañante Gloria Espínola Cáceres (30)  iban en un automóvil Toyota Allion que fue acribillado por los policías durante una persecución. Los uniformados involucrados en el operativo son el comisario Hugo Florentín Stiglich, el subcomisario Manuel Ramón Villalba, el oficial Roberto Samaniego y los suboficiales Richard Seberiano, Rubén Giménez, Alder Centurión, Pedro Brítez, Jaime Ramírez, Javier Martínez, Alfredo Villalba y César González.

Sobre este caso, la Fiscalía formuló acusación y requerimiento de apertura de juicio oral y público en la causa. El hecho punible está tipificado como homicidio doloso, por lo que la expectativa de pena para los autores es de 20 a 25 años, tal como vienen pidiendo familiares de las víctimas fatales del trágico hecho. Los fiscales firmantes del documento son Diana Raquel Gómez, Osvaldo Zaracho y Gabriel Segovia. Sin embargo, constituye gran preocupación que la jueza que favoreció a los acusados ahora siga entendiendo y se aferre al caso, pese a haber sido recusada con justa causa, lo cual fortalece el temor del blanqueamiento definitivo de los encausados.

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