El abogado de la familia Peña-Ocampos afirma que las acusaciones no configuran hechos punibles y que no existen elementos que justifiquen investigación.
La denuncia presentada contra el presidente Santiago Peña ha sido cuestionada por su defensa, que sostiene que carece de fundamentos y elementos legales suficientes para configurar hechos punibles. Ricardo Preda, abogado de la familia Peña-Ocampos, explicó que las acusaciones basadas en el incremento patrimonial del mandatario, su participación minoritaria en empresas privadas y supuestas irregularidades en compras de vehículos no constituyen delitos y, por tanto, carecen de relevancia penal.
La defensa destacó que Peña nunca tuvo relación directa con la firma Sepagro ni con personas imputadas por lavado de activos, y que sus inversiones personales fueron realizadas antes de asumir la presidencia, financiadas mediante créditos bancarios y rescate de acciones privadas. Asimismo, los rumores sobre sobres con dinero en la residencia presidencial se basan únicamente en relatos de exfuncionarias destituidas, sin evidencia concreta que respalde la versión.
El equipo legal concluyó que no hay indicios fácticos suficientes y que, en consecuencia, la denuncia debería ser desestimada por el Ministerio Público, subrayando que se trata de acusaciones infundadas y promovidas por sectores que buscan protagonismo político más que justicia.
