CIUDAD DEL ESTE. Funcionarios municipales que se vieron obligados a trabajar durante todo el fin de semana y el feriado del lunes denunciaron que el intendente imputado y acusado Miguel Prieto estaría operando contrarreloj para ocultar evidencias antes de la inminente intervención de su administración.
Según las denuncias recogidas por periodistas locales, el jefe comunal ordenó a cada Dirección de la Municipalidad seleccionar qué documentos permanecerán disponibles para la investigación y cuáles deben ser ocultados. “Pueden venir periodistas a mirar por aquí y van a ver todos los movimientos, están todos apurados”, expresó un trabajador que solicitó anonimato.
Otra funcionaria fue más específica al señalar que se obligó al personal de Contabilidad, Finanzas y Tesorería a permanecer en sus oficinas el fin de semana. “Se tiene que sacar cheques de pagos de obras, aportes… se tiene que pagar hoy (sábado), pero salario ni piensan pagarnos a los administrativos. Y creo que solo a los operativos se les va a pagar”, afirmó.
En paralelo, concejales de la oposición colorada insisten en la urgente necesidad de una intervención para sanear las finanzas municipales. El edil Ernesto Guerín denunció la falta de pago a funcionarios, concejales y proveedores, así como la paralización de varias obras viales. Además, alertó que el entorno de Prieto podría recurrir a actos de violencia para frenar el proceso de investigación.
“Ya están llamando a la gente para que salga a manifestarse. También están promoviendo escraches en las casas de los denunciantes o referentes colorados. Están incitando a la violencia. Al intendente Prieto se le nota totalmente desesperado, está amenazando y desafiando”, indicó Guerín.
Según reportes de la Contraloría General de la República, la administración del líder del movimiento Yo Creo presenta graves inconsistencias financieras, con saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas e incumplimientos legales, incluyendo la omisión de transferencias a organismos estatales.
Lo más preocupante, advierten los denunciantes, es que cuando finalmente se concrete la intervención, la cabeza del equipo interventor podría no encontrar suficientes documentos que permitan esclarecer las irregularidades señaladas.
