A pesar de que la Junta Municipal de Ciudad del Este declaró “ilegal e inconstitucional” el pedido de intervención contra el intendente Miguel Prieto Vallejos, la Cámara de Diputados dio inicio al proceso, conformando una comisión especial que ya presentó detalles de las presuntas irregularidades. El documento, de 74 páginas, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), apunta a graves irregularidades financieras y deficiencias de gestión durante los ejercicios fiscales 2019 a 2022, consideradas tan serias que constituyen indicios de hechos punibles.
El Ejecutivo municipal y los concejales del movimiento Yo Creo consideran que todo se trata de una maniobra política impulsada por la mayoría colorada (Honor Colorado) en Diputados, con el objetivo de desestabilizar a la administración de Prieto.
De acuerdo con el informe de la CGR, las irregularidades detectadas incluyen mal desempeño de funciones, ejecución anómala del presupuesto, y persistencia de manejos cuestionables del dinero público, especialmente en la asignación de recursos a comisiones vecinales.
Uno de los puntos más preocupantes señalados es la utilización de transferencias a terceros —organizaciones sin fines de lucro y entidades privadas— para la ejecución de obras públicas, eludiendo los procedimientos obligatorios de contratación pública. Esta práctica fue aplicada para el uso de recursos provenientes del FONACIDE, Royalties y Compensaciones, por un monto que asciende a G. 27.933 millones.
Asimismo, la Contraloría detectó discrepancias en los registros financieros entre el Libro Mayor y la Ejecución Presupuestaria, con diferencias que alcanzan G. 79 millones en ingresos y otros G. 72 millones en gastos, en los ejercicios 2019 y 2021. También se cuestionaron pagos a proveedores sin la documentación exigida y sin cumplir los requisitos legales, así como la falta de rendiciones de cuentas. Otro punto grave es el incumplimiento en la transferencia de recursos al Servicio Nacional de Catastro (SNC), lo cual también viola la normativa vigente.
En una sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Ciudad del Este resolvió rechazar categóricamente la solicitud de intervención presentada por la CGR. Mediante resolución, los siete concejales afines al intendente declararon que el pedido es “ilegal e inconstitucional” y acusaron al órgano contralor de actuar con motivaciones políticas.
“Repudiamos la evidente y tendenciosa manipulación ejercida por dicho organismo, que actúa motivado exclusivamente por intereses políticos y no con base en criterios técnicos o administrativos”, expresaron los ediles del movimiento Yo Creo, alineados con la gestión de Prieto.
Miguel Prieto asumió por primera vez la intendencia de Ciudad del Este en mayo de 2019 y fue reelecto en octubre de 2021. La investigación impulsada por la Contraloría abarca ambos periodos y señala que, si bien no se detallan individualmente los hechos punibles, existen múltiples indicios de posibles delitos relacionados con la gestión de recursos públicos. El proceso de intervención ahora queda en manos del Congreso, mientras la Municipalidad y sus aliados políticos insisten en que se trata de una persecución política orquestada desde sectores colorados.
