La sanción de la ley se registró el pasado 20 de diciembre en el Congreso Nacional, y de acuerdo a la exposición de motivos, apunta a mitigar la situación por la que actualmente atraviesa el sistema penitenciario y que afecta el buen desenvolvimiento del mismo.
Asimismo, en el documento se manifiesta que son de general conocimiento los desafíos que actualmente enfrenta la administración penitenciaria en materia de infraestructura edilicia, población penitenciaria, personal penitenciario y presencia de criminalidad organizada dentro del sistema penitenciario.
Entre los puntos resaltantes se prevé un plan de seguridad penitenciaria con las Fuerzas Públicas que tendrá por objetivo coordinar las acciones conjuntas del cuerpo de seguridad penitenciaria del Ministerio de Justicia, con los efectivos correspondientes de las Fuerzas Públicas en seguridad y vigilancia de los centros penitenciarios.
Por otra parte, se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a gestionar recursos de manera prioritaria para el Ministerio de Justicia con el fin de llevar adelante las obras de infraestructuras y la adquisición de equipos tecnológicos de seguridad.
La promulgación de la ley se concreta tras la operación lanzada por el gobierno el pasado 18 de diciembre denominada Veneratio que apuntó a cortar los privilegios y abusos de poder de las bandas criminales instaladas en la citada penitenciaría, como es el caso del Clan Rotela.