El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en ejercicio de la Presidencia, presentó en la jornada de ayer miércoles ante la Cámara de Diputados el pedido de intervención de los municipios de Asunción y Ciudad del Este, administrados por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) y Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo), respectivamente. La solicitud se fundamenta en presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR).
La nota fue recepcionada poco después del mediodía, según el acuse de recibo registrado en la mesa de entrada de la Cámara Baja. El documento lleva las firmas de Alliana, quien ejerce temporalmente la Presidencia ante el viaje oficial del mandatario Santiago Peña, y del ministro del Interior, Enrique Riera.
La petición se basa en el dictamen emitido por la CGR, que adjunta informes con antecedentes de cada administración municipal. En el caso de Ciudad del Este, la Contraloría, a través de su titular Camilo Benítez, señala que la gestión de Miguel Prieto presenta “serias falencias en la ejecución del presupuesto municipal”, lo que pondría en riesgo el patrimonio de la comuna e impediría un control adecuado del uso de fondos públicos.
Uno de los puntos más cuestionados es el informe relacionado con la transferencia de fondos a la subcomisión distrital de Ciudad del Este para el evento “Navidad Sustentable”, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
Tras la recepción del pedido, la Cámara de Diputados deberá conformar una comisión especial para cada uno de los municipios, que tendrá un plazo de 15 días para emitir un dictamen. Este será posteriormente evaluado en el pleno, donde se requerirá mayoría absoluta (al menos 41 votos) para aprobar la intervención.
De concretarse la aprobación, el documento será remitido al Ministerio del Interior, que informará al Poder Ejecutivo. A partir de ahí, el presidente de la República dispondrá de seis días para nombrar a un interventor y su equipo, quienes tendrán un plazo de hasta 90 días para investigar y presentar un informe final ante la Cámara de Diputados. Con base en dicho informe, se decidirá si corresponde o no la destitución del intendente involucrado.
