El año 2024 revela, al igual que en años anteriores, una alarmante falta de independencia del Poder Judicial, sometido a la influencia del poder de turno. A pesar del discurso optimista de los ministros de la Corte, la realidad se caracteriza por un alto grado de morosidad, corrupción interna y una preocupante falta de transparencia, corroborada por abogados y usuarios no vinculados a intereses políticos.
La administración de justicia clama por cambios radicales y profundos. Sin embargo, los miembros de la máxima instancia parecen ignorar la gravedad de la situación. Si bien se puede notar una mínima mejoría en algunos aspectos, esta es insuficiente para un poder judicial que, al igual que los otros dos poderes del Estado, presenta niveles de corrupción alarmantes. Los ministros han fracasado en establecer controles básicos, como la supervisión de la hora de llegada y salida de los magistrados, lo que genera dudas sobre su voluntad de investigar las irregularidades patrimoniales de los operadores del sistema, muchos de los cuales presumen de su riqueza ante la desidia imperante en la Corte.
El cambio de ministros en la Corte Suprema de Justicia, lejos de traer una renovación, ha evidenciado que los mismos vicios persisten. La sumisión a otros poderes del Estado, especialmente al Ejecutivo y Legislativo, sigue siendo evidente, dejando incierta la independencia judicial ante aquellos que determinan el presupuesto para su funcionamiento.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, los ministros no han promovido un examen exhaustivo de los bienes de los magistrados, a pesar de saber que muchos utilizan sus cargos para enriquecerse ilícitamente. Aunque se tomó la decisión de remitir antecedentes de jueces de paz, actuarios y ujieres a la Contraloría para su revisión, la falta de un verdadero control por parte de la Corte dificulta cualquier cambio significativo.
La morosidad se ha convertido en un tema cotidiano para los usuarios de la justicia. Los tiempos de espera para resolver casos, incluso la simple aclaratoria, pueden extenderse entre 8 y 10 meses, llevándolos a superar el año en algunos casos, lo que representa una vergüenza para el sistema judicial.
Si bien se han logrado avances en términos de transparencia en comparación con otras instituciones, queda aún mucho camino por recorrer. Es imperativo que la Corte divulgue los resultados de las auditorías y sumarios a los operadores de justicia, incluidos los abogados, para restaurar la confianza pública.
Lo Destacable
Un aspecto positivo en el 2024 es la suspensión y remisión de antecedentes de jueces de paz de Capital involucrados en la “mafia de pagarés” y secuestro irregular de vehículos. Esta medida, ratificada por el Consejo de Superintendencia y avalada por la Corte, ha sido bien recibida por la ciudadanía, que espera una investigación profunda y la divulgación de los resultados de la auditoría en los juzgados de paz.
La situación del Poder Judicial requiere atención urgente; sin cambios significativos, se encuentra al borde de una crisis irreversible.
