La mayoría oficialista de la Cámara Alta avaló un negociado que se remonta a la administración del fallecido exintendente Mário Castillo del PLRA, aprobando la venta de 2 calle pública en Hernandarias a favor de la empresa brasileña Ciabay S.A.
El proyecto legaliza la ocupación de una fracción municipal que originalmente estaba destinada a calle pública, transformando un acto irregular en un beneficio empresarial con aval legislativo.
Según datos revelados, Ciabay ya entregó 250.000 dólares como primera parte del pago de los 500.000 acordados, pero se desconoce el destino de ese dinero. Todo indica que hubo una repartija, ya que no existe rendición de cuentas ni registro oficial sobre esos fondos.
Durante el debate, la senadora Yolanda Paredes afirmó que “el Parlamento no puede avalar el negocio de los muchachos”, mientras que la senadora Celeste Amarilla advirtió que “lo ilegal no da derechos”, señalando que el Congreso está blanqueando una ocupación irregular.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la impunidad y los acuerdos políticos en torno a los bienes públicos del municipio de Hernandarias, donde una calle terminó convertida en moneda de cambio entre políticos y empresarios.
