Familiares de Antonio Teodoro Gómez Encina, asesinado en diciembre de 2024 en Ciudad del Este, realizaron una manifestación pública para expresar su rechazo a la decisión judicial que otorgó arresto domiciliario al presunto autor del crimen, Auspicio González Arriola. Los manifestantes exigieron justicia y cuestionaron duramente a los camaristas que firmaron la resolución, argumentando que el imputado presenta un delicado estado de salud.
Gómez Encina, de 55 años, falleció tras recibir un disparo en la cabeza dentro de su local comercial, luego de un conflicto originado por la recuperación de un camión Mitsubishi Canter que había sido retenido por falta de pago del agresor.
González Arriola fue detenido el año pasado en el departamento de Caaguazú por agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, en una vivienda donde se encontraba oculto. De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso solía portar un revólver y un machete en la zona e incluso intentó resistirse al arresto, aunque finalmente fue reducido por los intervinientes.
No obstante, con base en un informe médico, los camaristas Rocío Gossen, Marta Acosta y Marino Méndez dispusieron el arresto domiciliario del imputado, al considerar que atraviesa una complicada situación de salud y que su vida correría riesgo en reclusión.
Los familiares de la víctima cuestionaron la medida judicial y afirmaron que desde el asesinato no han tenido paz. “Nos gustaría ver la cara de los jueces interinos y preguntarles cómo se sentirían si esto les pasara a ellos”, expresó la viuda de Gómez Encina durante la protesta. También recordó que la familia inculcó valores cristianos y de honestidad a sus hijos, mientras que la vida del jefe de hogar fue segada de manera violenta.
Según los antecedentes del caso, González Arriola, con registros previos por tráfico de estupefacientes, fue capturado en marzo de 2025 en Caaguazú tras varios meses de investigación. La concesión del arresto domiciliario generó un fuerte rechazo por parte de los allegados a la víctima, quienes exigen la revocación de la medida.
Versión de los jueces
Los camaristas Marta Acosta y Marino Méndez señalaron que la prisión preventiva es una medida excepcional y fundamentaron su decisión en informes médicos. Acosta explicó que el imputado es una persona de la tercera edad y padece varias enfermedades de base, como diabetes, problemas de próstata, hernia e hipertensión arterial, las cuales habrían agravado su estado de salud.
Asimismo, indicaron que la Policía Nacional deberá monitorear el cumplimiento del arresto domiciliario, presentar informes quincenales y realizar otros controles. Según la jueza Acosta, el imputado no cuenta con antecedentes penales.
