febrero 8, 2025

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Familias en extrema pobreza denuncian irregularidades en el programa Tekoporã: vínculo político favorece a la hermana del intendente

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Mientras numerosas familias humildes claman por ser admitidas como beneficiarias del programa Tekoporã, diseñado para la protección y promoción de personas en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, una polémica sacude a la comunidad de Minga Porã. Blanca Ester Portillo Ortiz, hermana del intendente Clementino Portillo (PLRA), aparece entre las primeras beneficiarias del programa, a pesar de no contar con los criterios de elegibilidad requeridos, según documentos y denuncias públicas.

Cada semana, personas de escasos recursos se acercan a la Junta Municipal en busca de apoyo de los concejales, denunciando su exclusión del programa a pesar de haber cumplido con todos los trámites exigidos. En contraste, Blanca Ester habría logrado ingresar al padrón de beneficiarios gracias al presunto tráfico de influencias ejercido por su hermano.

Vecinos han compartido fotografías de la vivienda de Blanca Ester, una casa de material cocido que refleja un nivel socioeconómico medio-alto, lo que contrasta fuertemente con la situación de vulnerabilidad extrema que el programa Tekoporã pretende atacar. Según los denunciantes, su inclusión en el programa es una clara violación de los principios de justicia social.

La problemática no se limita a un caso aislado. Familias que han sido rechazadas aseguran que personas cercanas a autoridades locales y nacionales también están recibiendo los beneficios de Tekoporã Mbarete, mientras quienes realmente lo necesitan son excluidos. Los postulantes expresaron su indignación ante lo que consideran un desvío de los recursos del Estado hacia personas que no enfrentan la precariedad económica para la cual el programa fue concebido.

Según la planilla oficial proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Blanca Ester fue censada en octubre pasado. Sin embargo, los denunciantes sostienen que su inclusión es una muestra del impacto de las influencias políticas en un programa vital para los sectores más vulnerables.

Además, se han reportado irregularidades, como la inclusión de personas fallecidas en el padrón de beneficiarios, lo que genera cuestionamientos adicionales sobre la transparencia del proceso de selección. Hasta el momento, el MDS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este asunto.

Los afectados exigen una revisión exhaustiva del padrón de beneficiarios y sanciones para quienes utilicen el programa con fines políticos. «Mientras nosotros luchamos por un plato de comida, otros se enriquecen a costa de los pobres», expresó un vecino indignado. Este caso en Minga Porã resalta los importantes desafíos que enfrenta el país para asegurar que los programas sociales realmente lleguen a quienes más los necesitan, en lugar de convertirse en herramientas de beneficio personal o político.

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