El presidente de la Comisión Especial del Senado que investiga la denominada mafia de los pagarés, Rafael Filizzola, afirmó que los procesados en la causa, que involucra a jueces, abogados y otros actores del sistema judicial, también deben ser investigados por el presunto hecho punible de asociación criminal.
Actualmente, el Ministerio Público imputó a dos jueces de Paz, dos exmagistrados, nueve actuarios judiciales, ocho ujieres, 12 oficiales de Justicia y 28 abogados particulares por los delitos de uso de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y prevaricato.
“Acá tenemos actores en el sector público, magistrados, operadores del sistema de Justicia, abogados y empresas. Existe una diversidad de actores que han trabajado de una manera concertada. Acá hubo un concierto criminal”, expresó Filizzola en entrevista con radio Monumental 1080 AM.
El legislador señaló que la comisión se encuentra recopilando documentos y otras evidencias con el objetivo de solicitar formalmente que se habilite esta nueva línea investigativa. Indicó además que la figura penal de asociación criminal permitiría la incautación de bienes de los involucrados, con miras a una eventual indemnización a las víctimas.
“Yo creo que la Fiscalía tiene elementos suficientes para seguir esta línea investigativa, pero si no lo hace, presentaremos la denuncia”, advirtió el senador.
Hasta el momento, la investigación de la mafia de los pagarés involucra a cinco juzgados de Paz. Entre los procesados figuran los jueces Carmen Analía Cibils (La Encarnación) y Gustavo Villalba (La Catedral 1.º Turno), así como los exjueces Nathalia Guadalupe Garcete (La Catedral 2.º Turno), Lilian González de Bristot (San Roque) y Víctor Nilo Rodríguez (La Recoleta), además de ujieres, funcionarios judiciales, abogados particulares y propietarios de empresas.
Cabe recordar que el pasado 6 de enero el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley 7614 “De Saneamiento de Juicios Ejecutivos Irregulares”, de carácter transitorio por dos años. La normativa fue creada para corregir irregularidades detectadas durante los procesos judiciales, especialmente en los casos vinculados a la mafia de los pagarés.
La ley busca sanear los juicios ejecutivos, acciones preparatorias y cobros de guaraníes, tanto en las causas ya identificadas por la comisión investigadora del Senado como en aquellos expedientes que no se encuentran físicamente localizados en los juzgados.
