El fiscal Silvio Corbeta ha manifestado su preocupación por las acciones legales impulsadas por la defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Según Corbeta, la presentación de una acción de inconstitucionalidad busca dilatar la audiencia preliminar en la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 306 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La investigación se centra en supuestas licitaciones direccionadas durante la pandemia de COVID-19, donde se habrían adjudicado contratos a empresas vinculadas entre sí. De acuerdo con el fiscal, estas firmas estaban relacionadas por lazos de parentesco y podrían no haber provisto realmente las mercaderías, sino utilizado documentación ficticia para justificar la salida de fondos municipales.
Asimismo, Corbeta ha rechazado los señalamientos de Prieto sobre una presunta persecución política, asegurando que el Ministerio Público dispone de suficientes pruebas objetivas que evidencian un perjuicio patrimonial a la institución.
