La fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada Antisecuestro y Antiterrorismo de Alto Paraná, formuló acusación contra un hombre de 33 años y una mujer de 63 años por los presuntos hechos punibles de extorsión agravada, coacción grave, amenaza de hecho punible y asociación criminal. Asimismo, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías N° 8, a cargo de la magistrada Paola Beatriz Nagele.
Según los antecedentes, entre el 22 y el 30 de abril de 2025, los acusados habrían actuado de manera conjunta y coordinada para exigir a la víctima la suma de 30.000 dólares y 10.000.000 de guaraníes, bajo amenazas de secuestrar a su hijo y atentar contra su vida y la de su familia en caso de incumplimiento.
Para concretar las amenazas, los sospechosos habrían utilizado llamadas telefónicas, mensajes de texto y audios enviados desde distintas líneas, incluso proporcionando datos de cuentas y destinos para la transferencia del dinero.
Las comunicaciones intimidatorias se iniciaron el 22 de abril y se intensificaron al día siguiente, cuando los presuntos autores fijaron plazos específicos de pago e instrucciones para realizar giros a una billetera electrónica. Ante esta situación, y con asesoramiento policial, el 25 de abril la víctima realizó un pago de 1.000.000 de guaraníes, con el objetivo de facilitar el rastreo técnico de la operación.
El caso se agravó el 28 de abril en horas de la noche, cuando desconocidos a bordo de una motocicleta efectuaron disparos de arma de fuego contra la vivienda de la víctima. Posteriormente, los autores habrían enviado nuevos mensajes señalando que se trataba de un “aviso”, reiterando las amenazas de muerte.
Tras el ataque, la comitiva fiscal, en conjunto con agentes del Departamento de Antisecuestro, acudió al lugar para el levantamiento de evidencias, recolectando casquillos de proyectiles percutidos.
A pesar de la intervención de las autoridades, el acusado de 33 años habría continuado con el envío de mensajes intimidatorios, insistiendo en la exigencia de dinero bajo amenaza de nuevas represalias.
Las investigaciones, apoyadas en informes técnicos y análisis de celdas telefónicas, permitieron vincular los números utilizados con los domicilios de los procesados, además de evidenciar la comunicación constante entre ambos.
En ese contexto, el 30 de mayo de 2025 se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en las viviendas de los acusados, donde fueron incautados teléfonos celulares, tarjetas SIM y un sistema DVR. Los análisis periciales de estos dispositivos permitieron obtener datos relevantes y mensajes que los vincularían directamente con los hechos investigados.
Finalmente, el Ministerio Público ofreció como pruebas las declaraciones de la víctima, del denunciante y de agentes intervinientes, además de documentación y evidencias técnicas. Con base en estos elementos, la Fiscalía solicitó formalmente la apertura del juicio oral y público para ambos acusados.
