La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia presentada contra el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, en el caso conocido como los “pupitres de oro”, al concluir que no existió perjuicio patrimonial para el Estado en la compra de mobiliarios escolares de origen chino.
El pedido fue presentado por los fiscales Luis Piñánez, Luz Guerrero y Christian Benítez, mediante el Requerimiento Fiscal N.º 16 ante el Juzgado Penal de Garantías, en el que sostienen que no se configuró hecho punible alguno.
Según la investigación, el Estado recibió la totalidad de los bienes adquiridos por un valor equivalente al monto desembolsado, que ascendió a G. 310.670.983.444, descartándose así la existencia de un daño patrimonial.
La causa penal, identificada con el número 3949/2025, se inició en marzo de 2025 tras denuncias formuladas por legisladores, quienes señalaron una presunta sobrefacturación en la compra de 410.837 conjuntos de mobiliario escolar. De acuerdo con la acusación inicial, cada conjunto tendría un costo de entre 15 y 30 dólares en las fábricas de China, mientras que Itaipú habría pagado un promedio de 96 dólares por unidad.
La investigación también generó cuestionamientos por la exclusión de la industria nacional y por los presuntos vínculos entre la empresa proveedora Kamamya S.A. y altas autoridades del Poder Ejecutivo.
No obstante, los informes técnicos elaborados por la Dirección de Análisis de Información Estratégica concluyeron que los cálculos iniciales no contemplaban diversos costos asociados a la importación y distribución de los muebles.
La Fiscalía explicó que al valor de origen debían sumarse gastos de flete internacional y nacional, seguros marítimos, aranceles aduaneros, despacho, impuesto al valor agregado (IVA), ensamblaje y distribución a nivel nacional, costos que representaron un promedio adicional de 45,84 dólares por unidad.
Asimismo, los peritos señalaron que la logística incluyó la entrega de los mobiliarios en 1.383 instituciones educativas distribuidas en 120 distritos del país.
Tras el análisis de estos factores, concluyeron que el precio final, de aproximadamente G. 752.026 por conjunto, resultó razonable e incluso inferior al valor de muebles similares disponibles en el mercado local, donde alcanzan los G. 800.000.
Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) certificó la recepción definitiva de los 410.837 conjuntos escolares el 17 de noviembre de 2025.
Con base en estos antecedentes, el Ministerio Público sostuvo que existió una contraprestación real y equivalente al dinero abonado, por lo que no se configuró el perjuicio patrimonial requerido para el delito de lesión de confianza. En consecuencia, solicitó el archivo definitivo de las actuaciones.
