El siempre polémico y criticado funcionario de la Itaipu Binacional Gerardo Soria, ex presidente de la seccional colorada de Antequera, quien incluso fuera expulsado de la ANR, trató en los últimos meses de blindarse dentro de la entidad, erigiéndose como supuesto secretario general de un sindicato, el SITRAIBI (Sindicato de Trabajadores de la Itaipu Binacional). La maniobra, claramente buscaba la impunidad para este nefasto personaje que incluso fue blanqueado en una denuncia por acoso laboral y sexual, además de haber ingresado a la institución claramente por ser cercano al ex presidente Mario Abdo Benítez.
El citado sindicato, incluso fue utilizado por otros funcionarios ligados al abdismo para blindarse y tratar de mantenerse en sus cargos. Ramón Ramírez, presidente de la seccional 13, había revivido el sindicato luego de 5 años de actividad, y dejó su cargo de secretario general para asumir en el final del gobierno de Mario Abdo como jefe de servicios generales.
Dejó en su lugar a Senén Méndez, hermano del concejal municipal y también funcionario de la entidad y presidente de seccional, la 7. Méndez también pidió permiso del cargo de secretario general dejando su lugar en forma interina a Julio Mereles. Senén fue promovido por Marito al cargo de jefe de Transporte.
Luego de esto, Gerardo Soria fue elegido en forma ilegal como secretario general del SITRAIBI. Esa ilegalidad fue comprobada con la resolución del Ministerio del Trabajo, que confirma que el mismo tenía al menos 2 causales que le impedían asumir ese cargo, que claramente lo hizo con intenciones de blindarse de posibles sumarios y del despido, debido a las varias denuncias que constan en su contra.
El 14 de julio pasado, Soria incluso logró un “certificado de estabilidad sindical” de parte del viceministerio del trabajo, es decir, el gobierno de Marito intentó darle esa supuesta garantía un mes antes de culminar el presente periodo.
Según explica la resolución 28 del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre el señor Atanasio Gerardo Soria pesan dos impedimentos. El primero, la expresa prohibición de representar a los trabajadores de los gerentes de la entidad, pues no podrían estar representando a ambas partes. El artículo 25 del código laboral establece que “Serán considerados como representantes del empleador y, en tal concepto, obligan a éste en sus relaciones con los demás trabajadores: a) Los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y, en general, las personas que ejerzan funciones de dirección o administración, con el asentimiento del empleador».
Es decir, Soria quería ser al mismo tiempo representante de trabajadores y de la entidad. Por otra parte, la misma resolución confirma que el mismo ya formaba parte de otro sindicato, el SICONAPS. “En este orden de ideas, puede llegarse a la plena convicción de que el señor Gerardo Soria ya formaba parte como delegado sectorial del SICONAPS al tiempo que fue electo como secretario general del SITRAIBI, pese a la prohibición legal expresa prevista en la citada norma legal de integrar más de una organización. Es de notar en este punto que tanto la asamblea como la resolución de registro de SICONAPS, son de fecha anterior a la asamblea y resolución de registro del SITRAIBI”.
Ante estas dos situaciones claramente violatorias de la ley, el Ministerio del Trabajo resolvió “Revocar lo resuelto en la resolución mencionada en el artículo anterior, en la parte que dispone el registro del señor Gerardo Atanasio Soria Dávalos como secretario general del Sindicato de Trabajadores de ITAIPU Binacional – SITRAIBI, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución”.
En el último artículo, también resuelve “revocar la constancia de Estabilidad Sindical expedida por el Viceministerio del Trabajo en fecha 14 de julio a favor del señor Gerardo Atanasio Soria Dávalos”.
Con esto, Gerardo Soria no tiene ningún blindaje y en caso de comprobarse las varias irregularidades que se denuncian sobre sus gestiones, podría incluso quedar fuera de la institución.
Además, Soria fue acusado por el gobierno de Santiago Peña de haber bastardeado el último proceso selectivo externo, de modo a lograr introducir en un concurso amañado a varios apadrinados suyos a la entidad, además de familiares de gerentes y directores de la Itaipu. 
