CIUDAD DEL ESTE. A menos de un mes de la conclusión del proceso de intervención en la Municipalidad local, el equipo encabezado por el interventor Ramón Ramírez advierte sobre una crítica situación institucional y financiera, agudizada por un sistema informático vulnerable a manipulaciones y sin controles efectivos.
La intervención, iniciada el pasado 23 de junio a pedido de la Contraloría General de la República (CGR) y aprobada por la Cámara de Diputados, debe concluir con la entrega de un informe final el próximo 23 de agosto. Sin embargo, según Ramírez, los hallazgos hasta el momento revelan un esquema administrativo desorganizado, discrecional y fuertemente influenciado por intereses particulares.
Uno de los puntos más alarmantes detectados está relacionado con el sistema informático que gestiona las recaudaciones municipales y cuentas corrientes catastrales. “Tenemos casos de personas que aparecen como si hubieran pagado, pero el dinero nunca ingresó. Y lo más grave: no hay forma de saber quién cargó esos datos. No existe trazabilidad informática”, denunció Ramírez.
El interventor explicó que el sistema actual permite que ciertos funcionarios con los perfiles adecuados registren pagos ficticios, sin que haya un ingreso real a la caja. “En un sistema serio, cada modificación deja huella. Acá no hay control de cambios ni registro de usuarios. Estamos haciendo una auditoría informática y los resultados preliminares son extremadamente preocupantes”, advirtió.
Ramírez también alertó sobre posibles sabotajes internos en áreas sensibles como Catastro y Recaudación. “Cualquier funcionario con acceso puede alterar la deuda de una cuenta corriente, y si luego desaparece, no queda rastro alguno. Eso es inadmisible en una gestión pública responsable”, aseveró.
La intervención, además, ha enfrentado resistencia interna. Según Ramírez, varios funcionarios que intentaron colaborar fueron objeto de presiones políticas, incluso desde áreas operativas como Tránsito, cuya dirección debió ser modificada tras conflictos internos. “Hay una presión constante sobre los trabajadores. Desde el más alto director hasta el barrendero, todos sienten el peso de las amenazas y condicionamientos”, relató.
La intervención municipal sigue su curso con la expectativa de que el informe final, a ser presentado el 23 de agosto, brinde detalles contundentes sobre las irregularidades detectadas y siente las bases para una reestructuración profunda de la administración comunal.
