La agente fiscal Natalia Elizabeth Montania Sartorio imputó a los directivos de INDUFAR C.I.S.A., Óscar Humberto Simón Palmerola y Cynthia Montserrat Ríos Villagra, además de los ejecutivos Darío Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes, por los presuntos hechos punibles de estafa, lesión de confianza y asociación criminal, tras la denuncia presentada por BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. La causa fue admitida por el juez penal de Garantías Nelio Prieto, quien abrió formalmente el proceso penal y otorgó cuatro meses para la investigación preparatoria.
De acuerdo con la imputación, el 4 de noviembre de 2024 los ahora procesados recibieron de la empresa denunciante la fórmula magistral de la Tirzepatida bajo un deber de confidencialidad, admitiendo que la utilizarían como “guía” para su propia producción. Posteriormente, mediante la firma de un Acuerdo Jurídico Comercial el 2 de junio de 2025, habrían inducido a la víctima a entregar información estratégica, incluyendo el Forecast y la cartera de clientes. Según el Auto Interlocutorio, tras recibir esos datos el 4 de julio de 2025, INDUFAR habría reducido el suministro comprometido alegando ajustes de producción, manteniendo a la denunciante cerca de seis meses sin provisión regular mientras crecía la demanda del medicamento.
La Fiscalía sostiene que los imputados habrían utilizado esa información confidencial para captar directamente a los clientes de BEM ESTAR, frustrar el registro de la marca exclusiva LIPOFARBIL, modificar unilateralmente la presentación del producto para evitar obligaciones contractuales y desviar la comercialización de la Tirzepatida hacia farmacias presuntamente vinculadas a sus directivos, entre ellas Farmanext y Farmawell. El Ministerio Público estima que estas maniobras ocasionaron una caída del 79,4 % de la facturación de la empresa denunciante, un stock invendible de 20.882 cajas y un perjuicio económico superior a USD 4 millones, conforme a la imputación.
La imputación también vuelve a poner en el foco a Cynthia Montserrat Ríos Villagra, quien ya había sido mencionada públicamente en la investigación internacional de los Panama Papers. En una publicación de ABC Color, se informó que aparecía vinculada, junto con Hugo Manuel Ríos Villagra, a las sociedades RIVI International Holdings y Rivi Foundation, constituidas en Panamá. Aquella investigación periodística no atribuyó hechos delictivos por la existencia de dichas sociedades, ya que la constitución de empresas offshore no constituye por sí misma un delito, pero sí las identificó como parte de las estructuras societarias reveladas por la filtración internacional.
Con la admisión de la imputación, los cuatro directivos de INDUFAR enfrentan ahora una investigación penal en la que el Ministerio Público deberá reunir las pruebas para determinar la responsabilidad de cada uno en los hechos denunciados, mientras el proceso se desarrolla bajo el control del Juzgado Penal de Garantías.
