Una condena a seis años de cárcel para un abusador de menores dictada por el tribunal de sentencia, presidido por el juez Fabio Aguilar, juntos a Serafín González y Vitalia Duarte, generó ayer la ira ciudadana en Palacio de Justicia. Existen fundadas sospechas que, tanto el tribunal como la fiscal Natalia Montanía, habrían sido inducidos mediante jugosa coima para favorecer al depredador sexual con la exigua pena.
Aldo Manuel Zaldívar Medina, de 25 años, según los elementos probatorios logrados en la etapa preparatoria, encerró a una niña de 13 años en una de las habitaciones de la vivienda donde trabajada como constructor y la sometió sexualmente durante varias horas. Al menos, así lo reseñaba el acta de acusación con pedido de elevación a juicio oral y público, presentada en su momento por la fiscal Montanía.
Curiosamente, durante el contradictorio público que concluyó ayer en la sede jurisdiccional, hasta llegó a desmentirse de sus dichos, con una amplia tendencia de favorecimiento al procesado, que se sospecha habría corrido G. 60 millones, repartidos entre la fiscal y los integrantes del tribunal de sentencia.
SOLAMENTE PIDIÓ 8 AÑOS
Luego de ignorar pruebas contundentes y menospreciar la tarea de los abogados querellantes, al cabo de sus alegatos finales, Montanía pidió al colegiado de sentencia se aplique a Zaldívar Medina la pena de 8 años de cárcel. A su vez, la querella adhesiva, concluyó sus alegatos finales, ya con malos ojos hacia la representación pública, la contradijo y pidió a los jueces una condena de 20 años de prisión.
Finalmente, luego de sus deliberaciones, los jueces Aguilar, Duarte y González dieron a conocer su sentencia definitiva de solo seis años para el encausado que fue procesado a finales de noviembre de 2021, por el entonces fiscal de Hernandarias, Alfredo Acosta. El decisorio generó la inmediata reacción de los familiares de la víctima que sigue con las secuelas de los abusos y un correrío generalizado del auditorio.
La fiscal Montanía es conocida por su permanente cambio de postura ante los hechos acusados en causas penales, siempre ya en la etapa final de los procesos. Las voces disonantes dieron cuenta de las elevadas condenas logradas por las titulares de unidades especializadas en hechos de esta naturaleza, que solo el pasado lunes logró una pena de 28 años para uno de los procesados que fue condenado en juicio.
Al final del juicio oral y público, Montanía se convirtió en aviesa defensora del procesado y hasta discutió con los querellantes. De hecho, se anuncia apelación general de la sentencia, apenas se tenga el contenido íntegro de la misma.
