La Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) propuso establecer un límite de 700 megavatios (MW) para las industrias electrointensivas y restringir los contratos de suministro eléctrico a plazos de entre tres y cinco años, con el objetivo de preservar la seguridad energética nacional y garantizar un mayor beneficio para el desarrollo económico del Paraguay.
La iniciativa fue presentada tras un análisis técnico realizado por la comisión directiva y el comité técnico del gremio, luego de la derogación de decretos que otorgaban condiciones especiales a proyectos de alto consumo energético.
El presidente de la UIA, Manuel Mettel, explicó que la propuesta se basa en la experiencia observada con emprendimientos ya instalados en el país, principalmente aquellos vinculados a la criptominería, que presentan características similares a los centros de datos y proyectos relacionados con inteligencia artificial.
Durante una entrevista en el programa “Así son las cosas”, emitido por radio Universo 970 AM y canal GEN-Nación Media, Mettel señaló que estas industrias no produjeron hasta el momento el impacto esperado en materia de industrialización, innovación tecnológica ni desarrollo económico regional.
“No vimos un despegue industrial ni tampoco tecnológico de nuestro país. Tampoco observamos un repunte económico en las zonas donde estas industrias fueron instaladas”, manifestó.
El dirigente indicó que gran parte de las inversiones realizadas por estas empresas se destina a la adquisición de equipos y tecnología importados, mientras que la generación de empleo local resulta limitada. Asimismo, sostuvo que existe una escasa participación de proveedores nacionales y un reducido aporte tributario debido a los incentivos otorgados para atraer inversiones.
Mettel también advirtió sobre las consecuencias que podría generar una expansión sin límites de este tipo de industrias en el sistema eléctrico paraguayo. Según explicó, una demanda creciente podría disminuir considerablemente la reserva operativa de energía y acelerar la necesidad de construir nuevas fuentes de generación.
La propuesta de la UIA establece que la potencia destinada a las industrias electrointensivas no supere el 10 % de la capacidad de generación actual del país, equivalente a aproximadamente 700 MW. En caso de requerir una demanda superior, las empresas deberían generar por cuenta propia la energía adicional necesaria para sus operaciones.
Respecto a los contratos de suministro, el gremio plantea acuerdos de corta duración con revisiones periódicas que permitan ajustar las tarifas conforme a la evolución de los costos de generación.
“Que una empresa necesite previsibilidad no significa que el país deba comprometer energía barata por demasiado tiempo”, expresó el titular de la organización.
Finalmente, Mettel enfatizó que la prioridad debe ser resguardar la seguridad energética del Paraguay y asegurar que el aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos se traduzca en beneficios concretos para el crecimiento económico y productivo nacional.
