CIUDAD DEL ESTE. – La intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este reveló la malversación de más de G. 29.000 millones de recursos públicos que debían ser destinados a obras y bienes de capital, pero fueron desviados para gastos corrientes, pagos de deudas y transferencias indebidas, en abierta violación de la ley de administración financiera del Estado.
El informe de los interventores, basado en el requerimiento formulado por la Contraloría General de la República, también ratifica que la Municipalidad utilizó de manera irregular más de G. 83.000 millones asignados originalmente al financiamiento de inversiones de capital. Estas evidencias refuerzan las causales que justificaron la intervención.
En paralelo, el análisis financiero y administrativo de los fondos canalizados a través del Consejo Local de Salud (CLS) entre 2019 y 2022 –que superaron los G. 10.500 millones– revela una grave desorganización institucional, uso discrecional de recursos y posible daño patrimonial al Estado.
Cerca de G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones sin control técnico ni administrativo. No hay constancia de fiscalización, certificaciones de avance ni actas de recepción final, lo que impide verificar si las obras fueron realmente ejecutadas como consta en las facturas.
Otras irregularidades incluyen:
1. Transferencias realizadas sin dictámenes técnicos ni autorización del Ministerio de Salud Pública.
2. Contrataciones sin respaldo legal ni licitaciones.
3. Pagos sin informes técnicos ni certificaciones de obras.
4. Ausencia total de controles de calidad, seguridad y cumplimiento normativo.
Una situación particularmente grave fue que el entonces director de Desarrollo Social de la Comuna también actuaba como síndico titular del Consejo Local de Salud, concentrando funciones de control y ejecución al mismo tiempo, en clara incompatibilidad legal y funcional.
La conclusión del equipo interventor es contundente: se comprobó malversación de fondos y se financiaron obras sin ningún tipo de control, una conducta de extrema gravedad que debe ser investigada por el Ministerio Público y otros órganos de control penal.
