El juez penal de garantías Osmar Legal otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el marco de la causa conocida como Tajy, que investiga un presunto esquema de corrupción en la Municipalidad de Ciudad del Este. Entre las disposiciones impuestas figuran una fianza real de G. 500 millones y la prohibición absoluta de salir del territorio nacional.
La resolución fue dada a conocer este miércoles, luego de la audiencia de imposición de medidas realizada en sede judicial. La investigación es encabezada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Valdez, quienes sostienen que Prieto habría integrado una estructura destinada al desvío de recursos públicos municipales.
De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, entre marzo y junio de 2020 se habrían direccionado licitaciones públicas hacia empresas vinculadas o funcionales al acusado con el objetivo de obtener beneficios económicos indebidos, ocasionando un importante perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al analizar los requisitos previstos en el artículo 242 del Código Procesal Penal, el magistrado consideró que existen suficientes elementos de sospecha sobre la presunta comisión de los hechos investigados y la necesidad de garantizar la presencia del imputado durante el proceso. Sin embargo, valoró la documentación presentada por la defensa, consistente en certificados de vida y residencia, facturas de servicios públicos y ofrecimientos de fianzas reales respaldadas por tasaciones e informes de dominio, concluyendo que el procesado demostró voluntad de someterse a la investigación.
Con base en el artículo 245 del Código Procesal Penal y el artículo 19 de la Constitución Nacional, el juez resolvió aplicar medidas alternativas al considerar que resultan suficientes para evitar riesgos de fuga o de obstrucción de la investigación.
Entre las condiciones impuestas, Prieto deberá mantener su residencia en el domicilio declarado y no podrá modificarla sin autorización judicial. Además, tendrá prohibido cambiar el número de teléfono celular informado durante la audiencia y deberá comparecer personalmente ante la secretaría del juzgado entre los días 1 y 10 de cada mes para firmar el libro de comparecencia.
Como garantía económica, el juez aceptó una fianza real consistente en un inmueble ubicado en Ciudad del Este, propiedad de un tercero, y ordenó un embargo preventivo por un valor de G. 500.000.000.
