La jueza Luz Rossana Bogarín realizó un recorrido de inspección en la penitenciaría de Emboscada y reveló detalles alarmantes sobre las condiciones privilegiadas de algunos internos, contradiciendo las declaraciones del ministro de Justicia, Ángel Barchini Nicora, quien había señalado que las intervenciones judiciales obstaculizaron una “investigación mayor”.
Durante la verificación, se detectaron celdas “diferenciadas” a escasos 20 metros de la entrada principal, equipadas con comodidades impropias para un penal: cocina, comedor, sala de estar, refrigeradores, televisores e incluso una heladera llena de caña. En los pabellones también se halló una puerta interna que comunicaba con otras áreas, lo que evidencia una red de accesos irregulares y movimientos no controlados.
Asimismo, la magistrada señaló que los espacios destinados a visitas conyugales estaban siendo utilizados como celdas privadas permanentes para ciertos internos, en abierta violación de las normas penitenciarias.
La actitud del director del penal, Humberto René Gómez, fue otro punto cuestionado. Según Bogarín, se negó a firmar el acta de inspección, justificando que “no se va a poner la soga al cuello” y ordenando a sus funcionarios no hacerlo tampoco. Además, intentó impedir el ingreso de las juezas a determinadas zonas, alegando que eran “peligrosas”, precisamente donde se encontraron más anomalías.
El caso suma nuevos cuestionamientos a la administración penitenciaria y refuerza las sospechas sobre la existencia de privilegios ilegales dentro del sistema carcelario.
