Arámbulo argumenta que esta norma vulnera principios fundamentales al intervenir en los ingresos genuinos de los municipios. “Imponer una tarifa única afecta la capacidad de autogestión de los gobiernos locales. Los recursos provenientes de las habilitaciones vehiculares son esenciales para su funcionamiento legal”, señaló.
El asesor jurídico destaca que la ley no solo menoscaba la independencia administrativa, sino que también crea inequidades. “Los pequeños municipios, que dependen más de estas recaudaciones, podrían enfrentar serias dificultades financieras, mientras que los más grandes podrían beneficiarse de esta estandarización”, explicó.
Además, criticó el enfoque de la ley al establecer tarifas basadas únicamente en la antigüedad de los vehículos, sin considerar factores cruciales como el tipo y valor del automotor. “No es lo mismo un vehículo de lujo de más de 10 años, cuyo costo inicial fue de 60.000 dólares, que uno económico de 11.000 dólares. Este enfoque simplista ignora las realidades de cada caso”, afirmó.
La inquietud entre los intendentes es palpable, aunque aún no hay consenso sobre las acciones a seguir. Arámbulo mencionó que el criterio jurídico de AMUALPA es recurrir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma. La decisión final se discutirá en la próxima reunión de los intendentes.
El impacto de la ley también se ha sentido entre los ciudadanos. Las empresas de transporte, por ejemplo, advierten que el sistema unificado encarece sus operaciones. “Transportadoras con flotas de 40 o 50 camiones enfrentan costos más altos en municipios donde anteriormente las tarifas eran más bajas, lo que podría llevarlas a buscar alternativas en el extranjero”, concluyó Arámbulo.