febrero 28, 2024

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La Rioja emitirá “cuasimoneda” para cubrir salarios

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La población de La Rioja es de 380.000 personas, en un país de 46,6 millones de habitantes. Su economía está basada en la producción agrícola, la minería, el turismo y la agroindustria, principalmente de aceites, dulces y vinos. “Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia”, comentó Milei en la red X desde Suiza, donde asiste al Foro Económico Mundial de Davos. En La Rioja, el 65 % del empleo registrado pertenece al sector público, según estadísticas oficiales.

“Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan”, agregó. En Argentina, ya circularon varias “cuasimonedas” provinciales de uso cotidiano en la economía durante varios años desde 2001, cuando estalló una grave crisis económica que puso fin a la paridad fija de un peso igual a un dólar que rigió durante el régimen de “convertibilidad”.

En 2004, cuando cotizaban muy por debajo de su valor nominal, las cuasimonedas fueron absorbidas totalmente por el Estado nacional. Las cuasimonedas que se emitan ahora “de ningún modo van a ser rescatadas por el gobierno nacional”, advirtió esta vez Milei, que ha iniciado un draconiano ajuste del gasto equivalente a 5 % del PIB para 2024 que incluye un recorte de transferencias directas de fondos a las provincias.

A pedido del gobernador, la Legislatura (parlamento) de La Rioja autorizó la emisión del equivalente a 22.500 millones de pesos (26 millones de dólares al cambio oficial) en la cuasimoneda Bocade (Bono de Cancelación de Deuda), para saldar el 30 % de los salarios estatales. El inicio de la circulación de este instrumento dependerá de las demoras en su impresión y en los acuerdos con entidades privadas para su aceptación.

El gobierno de La Rioja fundamenta la emisión de los Bocades en la falta de respuesta del gobierno de Milei al reclamo por una deuda vinculada a impuestos federales de unos 9.300 millones de pesos (10,8 millones de dólares), un litigio entre el Estado y la provincia, que ya trata la Corte Suprema.

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