El proyecto que establecía la indemnización para los soldados que participaron del golpe de Estado en 1989 dio vueltas por el Congreso durante varios mandatos hasta que, por fin, será una realidad.
Luego de la sanción de las cámaras, anoche, el presidente Santiago Peña promulgó el decreto que reglamenta dicha indemnización, con lo que la concreción de este pago está cada vez más cerca.
A criterio del Poder Ejecutivo, este decreto es un paso para reconocer y compensar a aquellos que estuvieron directamente involucrados en estos eventos históricos.
Asimismo, con esta reglamentación, se definen los procedimientos para la tramitación y evaluación de las solicitudes, así como los mecanismos de control de la documentación requerida.
El proceso de revisión cuenta con la intervención del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la República, quienes velarán por el cumplimiento riguroso de lo establecido en la ley.
Además, el decreto impone un carácter de “falta grave” a cualquier acción u omisión por parte de funcionarios públicos que busquen alterar información relevante para el otorgamiento de estas indemnizaciones. La Presidencia señaló que esta medida busca garantizar la transparencia y la integridad del proceso, protegiendo así los derechos de los beneficiarios.
El monto que corresponde a cada uno de los participantes de la gesta es de 750 jornales mínimos, equivalentes a más de G. 80 millones. Serían alrededor de 1.400 beneficiarios.
