Lula decidió vetar 14 tramos de una decena de artículos de la ley que facilita la aprobación de nuevos agrotóxicos en el país y buscaba otorgar mayores poderes de decisión al ministerio de Agricultura. Luego de más de dos décadas de controversias, el texto fue aprobado en el Senado el 28 de noviembre, con un solo voto en contra.
El agronegocio, uno de los principales motores de la economía brasileña, tiene en el uso intensivo de pesticidas uno de sus pilares. Brasil consumió 719.507 toneladas de pesticidas en 2021, el 20 % del total comercializado en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Con el veto del jueves, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y el Ibama, principal agencia ambiental, continuarán ejerciendo un papel decisivo en el escrutinio de los agrotóxicos previo a su liberación, potestad que quedaba reservada a Agricultura bajo la ley. También será invalidada una regla que permitía al ministerio de Agricultura conceder autorizaciones para agrotóxicos antes de la conclusión del análisis de riesgo del producto.
Además, excluyó una norma que eximía a las empresas de incluir información en los embalajes, algo que podría llevar al reaprovechamiento de agrotóxicos e incentivar la “desinformación” sobre los productos. En la agenda de Diputados desde 1999, el proyecto había sido actualizado en 2022 por los legisladores de la bancada ruralista -la más poderosa en el Congreso-, con el apoyo del entonces mandatario brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), ferviente defensor del agronegocio.
Calificada como “ley del veneno” por sus detractores, el texto fue objeto de duras negociaciones entre los senadores y la administración de Lula. El gobierno consiguió mantener el término “agrotóxico”, que los diputados habían reemplazado por los más neutros “pesticida” y “producto fitosanitario”. Pero no logró impedir un cambio mayor: algunos pesticidas, especialmente los que son comprobadamente cancerígenos o capaces de producir mutaciones, o que provoquen daños ambientales, no serán automáticamente prohibidos.
En adelante, la prohibición abarcará los productos que presenten un “riesgo inaceptable” para el ser humano o el ambiente, un criterio considerado muy vago para los detractores del texto. “Es un día de derrota para la sociedad brasileña. Es contradictorio que Lula sancione un proyecto que pondrá más agrotóxicos en la comida de los brasileños y contaminará más el medioambiente”, dijo la ONG Greenpeace en una nota.
“Los artículos vetados no son suficientes para asegurar que la población evite algunos de los aspectos más perjudiciales (de la ley)”, agregó la ONG ambientalista. Además, con la nueva ley, los pesticidas destinados exclusivamente para exportación podrán ser fabricados en el país sin precisar autorización.
Maciel Silva, representante de la Confederación nacional de agricultura y pecuaria, afirmó previamente, luego de la aprobación en el Congreso, que la ley “resuelve el problema de la pesada burocracia y las grandes demoras” en la aprobación de pesticidas y permite acceder más rápidamente a productos “más modernos y más eficientes”.
“Esta ley viene a facilitar el registro de productos más tóxicos”, contraría Karen Friedrich, toxicóloga y miembro de la Asociación brasileña de salud colectiva. El tema tiene también consecuencias internacionales. El uso masivo de pesticidas por los productores brasileños da argumentos a quienes en Europa se oponen a un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, el bloque suramericano liderado por Brasil.