La creación del nuevo grupo táctico policial-militar para ejecutar la Operación “Responsum” ha generado una creciente ola de cuestionamientos dentro de la Policía Nacional. A la preocupación por la conducción militar de la fuerza se suman críticas por la centralización de unidades especializadas, traslados considerados improcedentes y cambios estructurales que, según sectores policiales, debilitan la capacidad operativa de la institución.
El operativo fue anunciado por el Gobierno como una respuesta al crimen organizado tras los recientes ataques contra entidades financieras en Santa Rita. Sin embargo, fuentes policiales sostienen que la decisión de colocar a militares en posiciones de liderazgo operativo genera rechazo entre numerosos efectivos, quienes consideran que la lucha contra organizaciones criminales requiere inteligencia policial, conocimiento territorial y experiencia investigativa.
Una de las primeras medidas adoptadas fue el traspaso del Grupo Especial de Operaciones (GEO) a la Dirección de Apoyo Táctico de Asunción, dejando de depender de la Dirección de Policía de Alto Paraná. La decisión es vista por muchos uniformados como una pérdida de autonomía en uno de los departamentos más afectados por los megaasaltos y el crimen organizado.
A las críticas también se suman el traslado de unidades de Bomberos y Motorizada a instalaciones que, según denuncias, no reúnen las condiciones necesarias para el servicio, así como el proyecto de mudar la Comandancia a un edificio cercano a la Aduana.
Policías retirados y familiares de uniformados expresaron su rechazo a estas medidas y responsabilizan al ministro del Interior, Enrique Riera, y a sectores de la cúpula policial por la situación. Consideran que las reformas impulsadas generan descontento interno y reclaman la intervención del presidente Santiago Peña para revisar las decisiones adoptadas y evitar una mayor crisis institucional.
