julio 15, 2024

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Mega Operativo Contra Minera de Bitcoins: ANDE Interviene Granja que Robaba Energía Equiparable al Consumo de una Ciudad Entera

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Todo el despliegue operativo fue ordenado por el presidente de la entidad estatal, Félix Sosa, quien movilizó funcionarios desde la capital del país para llevar a cabo la intervención.

Esta acción pone de manifiesto, una vez más, la complicidad de los jefes regionales de la ANDE con empresarios irresponsables que se dedican a la explotación y robo de energía a través de estas granjas mineras. Más de 600 máquinas mineras fueron decomisadas por orden judicial, aunque se teme que puedan ser devueltas a sus propietarios una vez que se «acuerde el monto de la coima», según informantes del Ministerio Público.

La intervención se originó a raíz de denuncias por cortes de energía en la ciudad de Santa Rita, lo que llevó a la ANDE a realizar inspecciones en la línea de Media Tensión que abastece la zona. Se descubrió un alto consumo eléctrico en un establecimiento conectado directamente a la red de Media Tensión, dedicado a la minería de criptomonedas, lo que motivó la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía por sustracción de energía eléctrica, sabotaje y perturbación de servicios públicos.

El juez penal de garantías de Santa Rita, Bernardo Silva, ordenó el allanamiento e intervención del establecimiento, bajo la supervisión del agente fiscal Julio César Paredes, especializado en sustracción de energía eléctrica. Durante el operativo se encontraron 4 transformadores que alimentaban a 677 máquinas procesadoras de criptomonedas, equivalente al consumo de una ciudad promedio en Paraguay.

La acción evitó una pérdida mensual de más de G. 470 millones para la ANDE, según estimaciones de los intervinientes. Sin embargo, la complicidad de los jefes regionales de la entidad y las dudas sobre la actuación de los agentes fiscales especializados generan preocupación. Se señala a varios funcionarios de la ANDE, incluyendo al Ing. Juan Rozzano y al Ing. Domiciano Silguero, como responsables de la permisividad estatal con estas actividades ilícitas.

Las autoridades y la ciudadanía están atentas ante la posibilidad de que las máquinas decomisadas sean devueltas a sus propietarios, evidenciando así la impunidad con la que operan estos negocios ilícitos.

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