La reciente ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna vuelve a encender una señal de alerta institucional en Paraguay. El decreto firmado por el presidente Santiago Peña, a instancias del Ministerio de Defensa y del Consejo de Defensa Nacional, no solo profundiza una tendencia preocupante, sino que instala un precedente que tensiona los límites establecidos por la Constitución Nacional.
Bajo el argumento de combatir al crimen organizado transnacional, el Gobierno habilita la participación directa de militares en funciones que, por definición constitucional, corresponden a la Policía Nacional. Esta decisión, defendida por el ministro de Defensa Óscar González y por el titular del Consejo de Defensa Nacional, Cíbar Benítez Cáceres, se da en paralelo a una inversión millonaria en equipamiento destinado a fuerzas castrenses para operaciones en territorio nacional.
La licitación por casi G. 1.940 millones para la compra de vehículos militares no es un hecho aislado. Se inscribe en una política sostenida de ampliación del despliegue militar en zonas habitualmente bajo jurisdicción policial, especialmente en la Región Oriental. Aunque el discurso oficial insiste en que se trata de un “apoyo” excepcional, la reiteración de decretos similares y el fortalecimiento logístico de las Fuerzas Armadas revelan una normalización progresiva de la militarización de la seguridad interna.
El riesgo constitucional
La Constitución paraguaya es clara al establecer una separación funcional entre defensa nacional y seguridad interna. Las Fuerzas Armadas están diseñadas para enfrentar amenazas externas, no para el control cotidiano del orden público. Difuminar esa frontera no solo debilita a la Policía Nacional —que termina siendo desplazada en lugar de fortalecida— sino que abre la puerta a abusos, discrecionalidad y falta de controles civiles efectivos.
La experiencia regional demuestra que cuando los militares asumen roles policiales, los resultados suelen ser contraproducentes: aumento de violaciones de derechos humanos, opacidad en los operativos y una lógica de “enemigo interno” incompatible con un Estado de derecho. El riesgo no está únicamente en el uso de las armas, sino en la doctrina que se traslada al manejo de conflictos sociales y delictivos.
¿Hacia un modelo de Guardia Nacional?
Aunque el Gobierno niega la intención de crear un cuerpo unificado al estilo de una Guardia Nacional, las señales políticas y operativas alimentan la sospecha. La coordinación permanente entre militares y policías, el equipamiento específico para seguridad interna y el discurso de “amenaza armada” como justificación general recuerdan modelos aplicados en otros países de la región, donde la militarización terminó consolidándose como política permanente.
El combate al crimen organizado es una necesidad real y urgente. Pero usar esa amenaza como argumento para erosionar el orden constitucional es un atajo peligroso. La seguridad no se fortalece debilitando la institucionalidad, sino invirtiendo en inteligencia civil, depuración policial, justicia eficaz y control político transparente.
En una democracia con una historia marcada por el autoritarismo, toda expansión del poder militar en asuntos internos debe ser examinada con rigor. No hacerlo es aceptar que, en nombre de la seguridad, se normalice la excepción y se diluyan los límites que protegen las libertades ciudadanas.
