El ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, se encuentra en el centro de la controversia tras la adjudicación directa de millonarios contratos a la Fundación Olimpiadas Especiales, organización en la que previamente ocupó un alto cargo. Esta situación ha generado serias dudas sobre un posible conflicto de interés y falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos.
La fundación fue seleccionada para implementar el programa Escuelas Abiertas en 150 instituciones educativas luego de que el primer llamado a concurso fuera declarado desierto. Posteriormente, se le adjudicaron sucesivos contratos en el año 2024, cuyo monto total supera el millón de dólares.
Uno de los contratos, según los términos de referencia, tuvo un costo de Gs. 3.200 millones (aproximadamente USD 400 mil). Dicho monto fue financiado por el Convenio de Contribución LA/2020/421-144 de la Unión Europea, a través de la OEI, y su ejecución estuvo supervisada por la Dirección de Gabinete, la Dirección General de Educación Inclusiva y la Especialista del Componente 1 del proyecto. Estas instancias aprobaron los productos intermedios y finales del contrato, que se estableció bajo la modalidad de suma alzada, es decir, con pagos sujetos a la entrega de productos aprobados. El acuerdo contemplaba costos de alojamiento, dietas y traslados, con una vigencia hasta el 19 de noviembre de 2024.
Además, se identificaron otros contratos adjudicados a la misma fundación:
Un primer contrato, financiado por el BID, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, por un valor de USD 400 mil.
Un segundo contrato, celebrado entre febrero y marzo de 2024, con recursos del FEEI, bajo el programa PROCAD del MEC, por un monto de USD 200 mil.
Un último contrato, firmado en enero de 2025, con el PNUD.
El vínculo del ministro Ramírez con la fundación, así como la presencia de su asesor legal en el Ministerio de Educación, el abogado Hermann Weinsense, dentro de la directiva de la organización, han despertado serias sospechas sobre la imparcialidad del proceso de adjudicación. Expertos en transparencia advierten que la falta de competencia en los llamados y la relación del ministro con la fundación podrían configurar un claro caso de conflicto de interés y favoritismo.
Ante la gravedad de estos hechos, diversas voces del sector educativo y de la sociedad civil han exigido la conformación de un comité independiente para evaluar la legalidad y transparencia de todas las adjudicaciones realizadas. Además, se denuncia que el concurso de consultoría pudo haber sido desviado intencionadamente por el ministro Ramírez, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades en la gestión de estos fondos.
