El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) está en el ojo de la tormenta tras una licitación cargada de irregularidades que podría poner en jaque la confianza ciudadana en el sistema democrático paraguayo. Se eliminó del pliego técnico requisitos fundamentales, lo que abrió la puerta a tecnologías sin auditorías certificadas y favoreció a Smartmatic International Holding, firma de origen venezolano ampliamente cuestionada por su historial de participación en procesos electorales bajo sospecha de fraude.
La empresa, vinculada históricamente al régimen chavista y señalada por manipulación de resultados en diversos países, fue habilitada sin mayores trabas, generando alarma entre expertos electorales y organizaciones de la sociedad civil. Un medio internacional llegó a señalar que Smartmatic “nació marcada por el fraude”, debido a sus antecedentes.
Pese a las advertencias, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) optó por rechazar todas las objeciones presentadas contra las condiciones impuestas por el TSJE, consolidando así un proceso que muchos consideran viciado de origen.
Mientras tanto, legisladores y agrupaciones ciudadanas exigen transparencia inmediata, una auditoría independiente y sanciones ejemplares si se comprueba la manipulación del proceso. La pregunta ya resuena en la opinión pública: ¿estamos ante el inicio de un nuevo esquema de fraude electoral?
