Los casos de hijos de parlamentarios contratados sin concursos para cargos de asesores en el Congreso Nacional son difíciles de probar desde el punto de vista jurídico, según explicó el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“No todos los actos que son atentatorios, que son delicados, que son criticables, son afectables al régimen de lo justicial y penal. El Ministerio Público tiene un régimen estricto que es el principio de legalidad, ningún hecho por más criticable que sea, inmoral inclusive, puede ser sometido si no tienen una norma, que en precepto y sanción realice ese tipo de reproche al Estado”, dijo ayer.
Mencionó que el vínculo jurídico señala al nepotismo como una figura muy tradicional, pero que en estos casos se presenta la complejidad de que los hijos son designados por algún otro colega, de otra cámara, refiriéndose al presidente del Congreso, Silvio Ovelar, cuyo hijo trabajaba en la Cámara de Diputados. Por sobre todo, el vínculo debe ser consanguíneo o afín, de acuerdo con la norma jurídica.
“Hoy tenemos como claridad que la designación para que tenga esa cualidad de hacerse a través de los vínculos sanguíneos y afines, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”, aclaró respecto a la Ley N° 5295 que prohíbe el nepotismo.
Pero tampoco descartó otras figuras jurídicas, ya que la investigación a cargo de las fiscalas Natalia Fúster y Belinda Bobadilla se encuentra en una etapa preliminar. Pero mencionó como ejemplo la condena de Perlita Vázquez, hija de la ex diputada Perla de Vázquez.
La joven fue condenada hace casi una década por producción indebida de certificados sobre méritos y servicios, uso de certificado sobre méritos y servicios de contenido falso en carácter de autora y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso en carácter de instigadora, aunque posteriormente su caso quedó extinguido.
“Es un poco difícil simplemente por el hecho de ser nombrado, a veces por algún que otro colega de otra cámara, configurando en ese espectro. El vínculo debe ser consanguíneo o afín, los grados están establecidos en la ley, así que no es tan fácil simplemente a través de una designación decir estamos en tal calificación jurídica”.
Rolón insistió en que la conclusión de las investigaciones no siempre cumple con las expectativas de la ciudadanía al no poder vincular los actos denunciados con hechos punibles, pero prometió total respaldo a las fiscalas del caso. “Categóricamente es un acto reprochable. Estamos como sociedad, son actos que reclamamos que no ocurran, reclamamos la igualdad de oportunidades para todos, pero definitivamente no tiene a veces la connotación amplia que la gente piensa y quiere”, manifestó.
A la dificultad que mencionó se suma la limitación de recursos, ya que la Fiscalía tiene ahora apenas poco más de 300 investigadores. No obstante, anunció que se conformará un equipo para que se recaben todas las informaciones y se pueda dar una propuesta al Poder Judicial.